"Ha habido una tendencia preocupante de ataques, acoso, intimidación y criminalización del periodismo en África oriental y austral", dijo en un comunicado Tigere Chagutah, director de AI para esos territorios, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este miércoles.
Esa realidad "pone en evidencia hasta qué punto las autoridades están dispuestas a silenciar a los medios por sacar a la luz acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos", subrayó Chagutah.
Desde Etiopía hasta Zimbabue pasando por Sudán del Sur, "si las autoridades están comprometidas con fortalecer los derechos humanos respetando a las sociedades y haciendo que los gobiernos rindan cuentas, deben dejar de intimidar y acosar a periodistas", afirmó por su lado Tabani Moyo, director regional de MISA.
Uno de los países donde los informadores se ven amenazados por hacer su labor es la República Democrática del Congo (RDC), advirtieron estas ONG, donde la organización Journalistes En Danger (Periodistas en Peligro) detectó al menos 124 ataques en 2022, incluyendo un asesinato y dos secuestros, así como cierres de medios.
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También en la vecina Ruanda, por ejemplo, las autoridades siguen sin llevar a cabo una investigación independiente e imparcial de la muerte en un supuesto accidente de tráfico del periodista crítico con el Gobierno John Williams Ntwali el pasado enero.
Además, al menos 29 informadores fueron arrestados el pasado año en Etiopía y una nueva norma promulgada en octubre en Somalia prohíbe "la difusión de ideologías extremistas", algo que podría poner en riesgo la libertad de informar para medios y periodistas sobre el grupo yihadista Al Shabab.
Precisamente tras criticar públicamente esa medida, el secretario general del Sindicato de Periodistas Somalís (SJS), Abdalle Ahmed Mumin, fue condenado el pasado febrero por "desobedecer órdenes del Gobierno", antes de ser puesto en libertad en marzo.
En el este del continente, el periodista keniano Julius Kuyioni fue detenido el pasado julio en Tanzania por supuesta entrada ilegal al país cuando se dirigía a la división tanzana de Loliondo, donde el pueblo masái se vio expulsado de sus tierras ancestrales por las autoridades.
Otro ejemplo de represión en agosto de 2022, según AI y MISA, se vio en Zimbabue, cuando dos periodistas fueron acusados de transmitir "información falsa con el objetivo de causar daño" bajo la nueva Ley de Protección Cibernética y de Datos, después de publicar informaciones sobre una empresa con presuntas conexiones con miembros del Gobierno.
"Las autoridades deben crear un ambiente propicio que permita a la prensa trabajar sin represalias, intimidación o encarcelamiento por hacer su trabajo. El periodismo no debería ser criminalizado", concluyó Chagutah.