El portal, que es gestionado por el Instituto Australiano del Crimen, proporciona información detallada de los fallecimientos de los indígenas y del resto de la población australiana que se encuentra bajo custodia policial, judicial, penitenciaria y en los centros de detención juveniles.
En Australia se han producido más de 540 muertos desde que una comisión real sobre la muerte de los aborígenes en custodia presentó 339 recomendaciones en 1991 para remediar este problema estructural, según un comunicado del fiscal general australiano, Mark Dreyfus, publicado hoy.
Para Dreyfus, notificar en tiempo real de las muertes bajo custodia, tanto de aborígenes como el resto de los australianos, permite "una mayor transparencia pública" y la "rendición de cuentas de todos los gobiernos (regionales) por parte de sus sistemas de justicia penal".
"Cada muerte bajo custodia es una tragedia desgarradora para las familias y las comunidades y, durante demasiado tiempo, ha habido una falta de información fiable disponible cuando se produce una muerte bajo custodia", apuntó la ministra para los Indígenas Australianos, Linda Burney, en el comunicado.
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Una de las muertes de aborigen que se recuerdan es la de David Dungay, de 26 años, quien falleció en 2015 en el hospital de una prisión de Sídney inmovilizado por cinco guardias mientras repetía varias veces "no puedo respirar" antes de perder la vida.
Esta frase era similar a las que pronunció el afroamericano George Floyd cuando murió en manos de la policía estadounidense y que inspiró el movimiento "Black Lives Matter" (las vidas de los negros importan) en 2020, así como una serie de protestas globales, incluyendo Australia, en plena pandemia de la covid-19.
Los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que son el 3,2 % de los más de 25 millones de habitantes que tiene Australia, representan -según datos oficiales del año pasado- el 32 % de la población penitenciaria del país oceánico.
Además, casi la mitad de los menores indígenas, que representan un 6 % de la población del país oceánico, fue detenida por lo menos un día en Australia, en donde la edad mínima de responsabilidad penal es de 10 años.
Las muertes bajo custodia de las autoridades australianas es una de los problemas estructurales que afrontan estos pobladores que ha sido víctimas de maltrato desde la colonización, además de ser desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente por las instituciones, organizaciones y la sociedad en general.
Este año, el gobierno australiano pretende celebrar un referendo a finales de año para reconocer a los aborígenes en la Constitución que data de 1901 y crear un organismo llamado "La Voz" para que el Ejecutivo y el legislativo consulten a sus miembros sobre asuntos que competen a las llamadas Primeras Naciones.