La Fiscalía lusa explicó en un comunicado que los registros se han desarrollado en las ciudades de Oporto, Guimarães (norte del país), Lisboa y las vecinas Oeiras y Amadora.
En concreto, se han realizado en el Hospital da Senhora da Oliveira, en Guimarães, así como en empresas de tecnología médica, entre otras entidades.
Esta investigación responde a hechos "que son susceptibles de integrar, en abstracto, la práctica de crímenes de administración lesiva, corrupción activa y pasiva, participación económica en negocio" y "abuso de poder", entre otro, añade el texto.
La investigación responde a un informe realizado por el Hospital da Senhora da Oliveira, realizado tras la creación de una Unidad de Diagnóstico e Intervención Cardiovascular.
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La Policía Judicial (PJ) añadió en otro comunicado que están en causa contratos de entre los años 2015 y 2018 de 21 millones de euros "en condiciones bastante desfavorables para el erario público".
En concreto, sospechan que una unidad de diagnóstico del hospital "no haya sido financiada por donativos de la sociedad civil, sino por sociedades comerciales con intereses en el área de salud, que posteriormente celebraron contratos con la unidad", recoge el texto.
La PJ prevé continuar la investigación tras analizar las pruebas recogidas este martes.