Los manifestantes, que prometen “una semana sin precedentes de resistencia civil y desobediencia”, ubicarán el epicentro de las marchas en Tel Aviv, como ya es costumbre desde que se inició el movimiento de protesta en enero, inundando el importante cruce vial de Kaplan, que han rebautizado como “Plaza de la Democracia”.
Colectivos feministas, estudiantiles, del movimiento LGTB+, artistas, militares veteranos, sindicatos y trabajadores del sector de alta tecnología participarán de las protestas, que arrancarán desde primera hora de la mañana para tomar varias estaciones de tren (entre ellas la de Sokolov) y marchar hasta la sede de la mayor organización de sindicatos del país, Histadrut, para llamar a sus líderes a declarar una segunda huelga general.
El martes pasado, decenas de miles de israelíes protestaron en varias ciudades del país e incluso bloquearon los accesos al aeropuerto internacional de Tel Aviv, en otro "Día de Resistencia" que se saldó con 120 detenidos y más de 13 heridos leves en choques con las fuerzas de seguridad, que desplegaron a la Policía montada y cañones de agua para dispersar las manifestaciones.
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La nueva jornada de resistencia ocurrirá mientras unos 4.000 soldados reservistas en puestos clave del Ejército de Israel, entre ellos pilotos, comandos y expertos en ciberguerra, se han declarado en paro por la reforma, atizando los temores -ya expresados por el ministro de Defensa, Yoav Gallant- de que esto represente una amenaza a la seguridad nacional de Israel.
Además, 800 exagentes de la agencia de seguridad israelí, Shin Bet, llamaron a archivar la reforma, advirtiendo que representa “un daño sustancial al reconocimiento internacional de la independencia del sistema judicial de Israel y "un peligro inmediato para los elementos de la agencia y los soldados del Ejército”.
Mano dura contra manifestantes
Una encuesta del Canal 12 mostró que el 67 % de los israelíes temen una guerra civil, una posibilidad que ya ha barajado el propio presidente israelí, Isaac Herzog, quien intentó -sin éxito- un consenso entre Gobierno y oposición para la reforma.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el Gobierno que forma con sus socios ultraortodoxos y ultranacionalistas, el más derechista de la historia de Israel, anunciaron a principio de año una reforma judicial que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia.
Desde entonces, el país se ha polarizado y surgió un histórico movimiento de protesta que aglutina diversos sectores -académicos, banqueros, militares y empresarios del pujante sector de la tecnología- que consideran que la reforma acabaría con la separación de poderes, limitaría las libertades individuales, acarreará graves consecuencias económicas y restaría atribuciones al Supremo, lo que llevaría a Israel hacia la autocracia.
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El Parlamento, donde la coalición gubernamental tiene mayoría, se encuentra tramitando la aprobación definitiva -prevista para antes de que termine este mes- de uno de los pilares de la reforma, que consiste en un proyecto de ley que acabaría con la doctrina de razonabilidad, que permite al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales que considere no razonables.
En un intento por atrasar la aprobación de la iniciativa, los legisladores de la oposición presentaron este lunes 27.676 reservas o propuestas de enmienda. Según expertos, esa cantidad de objeciones no tiene precedentes y podría tomar al menos dos días procesarlas.
Por su parte, la oficina de la fiscal general presentó una opinión profesional que advirtió contra el intento del Gobierno de establecer cuotas para los arrestos o el enjuiciamiento penal de los manifestantes.
“No pueden establecer un punto de referencia numérico para el uso de medios para dispersar manifestaciones, arrestos y acusaciones (...) Esto perjudicará gravemente el valor de la igualdad ante la ley”, indica el texto.
A principios de julio, dimitió el jefe de la policía de Tel Aviv, Amichai Eshed, para no ceder a las presiones del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien pedía reprimir de forma más contundente a los manifestantes.
Desde que comenzaron las protestas contra la reforma, hace 28 semanas, han sido arrestados unos 600 manifestantes “por perturbar el orden público, desobedecer instrucciones policiales o agredir a policías”, de los cuales solo seis casos han derivado en acusaciones, según cifras presentadas durante la reunión del gabinete la semana pasada difundidas por la prensa.