"Las autoridades de Kenia están obligadas, en virtud de las leyes internacionales y kenianas de derechos humanos, a proteger el derecho de los ciudadanos a reunirse libremente y protestar de pacíficamente", dijo el investigador de HRW Otsieno Namwaya, según un comunicado de la ONG.
"La Policía debe asherirse a los principios de proporcionalidad al responder cualquier brote de violencia durante las manifestaciones", añadió.
HRW lamentó los comentarios del presidente de Kenia, William Ruto, del pasado viernes, cuando aseguró que "no permitirá" las protestas previstas para esta semana.
También el ministro de Interior, Kindiki Kithure, advirtió de que los ciudadanos de Kenia no tienen derecho "organizar disturbios y destruir propiedades", y aseguró que las autoridades están preparadas para actuar en contra de los manifestantes.
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Por su parte, el ministro de Comerio, Moses Kuria, "pronosticó" públicamente la muerte del líder de la oposición de Kenia, el ex primer ministro Raila Odinga, para el próximo miércoles, el día en el que está previsto que se reanuden las protestas.
Durante el último año, Odinga ha convocado varias protestas en contra de la subida de los precios de los alimentos básicos y el Gobierno de Ruto, a quien acusa de haber manipulado los resultados de las elecciones de agosto de 2022.
Así, el ex primer ministro -que obtuvo el 48,85 % del sufragio- no reconoce los resultados electorales, pese a que el Tribunal Supremo rechazó su recurso contra el triunfo de Ruto, con el 50,49 % de los votos.
A menudo, las fuerzas de seguridad usan tanto munición real como gases lacrimógenos para dispersar sus manifestaciones.
Al menos 23 personas murieron el pasado jueves en las últimas protestas convocadas del opositor, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Además, Amnistía Internacional (AI) y HRW documentaron las muertes de al menos 16 personas durante las protestas del pasado mes de mayo, la mayoría por los disparos o los golpes de las fuerzas de seguridad kenianas.
La tensión y el descontento social han ido en aumento en las últimas semanas, después de que el presidente aprobase el pasado 26 de junio una nueva ley de finanzas que, entre otras medidas, supondría la duplicación de los impuestos sobre el combustible hasta el 16 %.
