Cristiano Zanin, quien antes de llegar al máximo tribunal en agosto pasado ejerció como abogado personal de Lula durante casi una década, abrió este jueves la segunda sesión del juicio contra Aécio Lúcio Costa Pereira, el primero de los 1.390 imputados por la asonada de enero, promovida por grupos de la ultraderecha más radical.
La pena propuesta por Zanin difiere ligeramente de la sugerida por el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso y que en la primera audiencia sugirió este miércoles una condena de 17 años.
Sin embargo, Zanin se sumó a quienes en el Supremo defienden un castigo ejemplar por lo que De Moraes ha considerado como un "brutal ataque a la democracia" que intentó derrocar al "Gobierno legítimo" de Lula, quien había asumido el poder ocho días antes de la asonada.
En contra de esa línea se ha pronunciado el juez revisor, Kassio Nunes Marques, un conservador propuesto para el Supremo por el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha que desconoció los resultados de las elecciones ganadas por Lula en 2022.
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Nunes Marques desestimó la acusación de golpe de Estado que pesa contra Costa Pereira con la tesis de que no llegó a consumarse, y también rechazó otros cargos, para proponer una pena de dos años y seis meses para el primero de los reos.
“Circunstancias gravísimas”, con “contundente violencia”
Según Zanin, sin embargo, quienes participaron en el asalto a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema, lo hicieron “en circunstancias gravísimas”, con “contundente violencia” y “atentaron contra bienes que representan la historia e identidad de la sociedad brasileña”, como son los palacios del poder público.
El exabogado de Lula, además, afirmó que los vándalos intentaron justificar sus acciones con "el supuesto propósito de luchar contra un comunismo claramente inexistente en el país".
El juicio contra Costa Pereira deberá concluir este mismo jueves, y luego la Corte Suprema tiene previsto analizar los casos de otros tres acusados, que son los primeros de los 1.390 imputados que son sentados en el banquillo por el máximo tribunal.