Los siete magistrados llegaron acompañados por sus abogados defensores, uno de los cuales, el constitucionalista Samuel Abad, pidió presentar los argumentos de defensa de forma conjunta, ya que la acusación es similar para todos, pero los integrantes del grupo legislativo rechazaron la solicitud y comenzaron a interrogar por separado.
Abad remarcó que esta era "una posición de defensa institucional" porque en la moción se incluyó "a los siete integrantes de la JNJ, aunque la legisladora Gladys Echaíz respondió que las responsabilidades "son individuales".
La primera en hablar fue la magistrada María Zavala, tras lo cual comenzó un interrogatorio, que se desarrolla por más de siete horas, a Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Haza y Guillermo Thornberry, los integrantes del organismo.
Al comienzo de la reunión, la congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, expuso los términos de la moción que presentó para que se investigue a los magistrados, con el argumento de que la JNJ "se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales".
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Chirinos aseguró que los miembros del organismo supuestamente ejercieron presión en diversos ámbitos, incluido el Poder Judicial, para que no se sancione a la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
Tumialan, quien es presidenta de la JNJ, negó haber ejercido presión contra del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y otros jueves supremos para que se pronuncien en contra de la inhabilitación de Ávalos por el Congreso.
"Categóricamente lo desmiento por ser totalmente falso, al no haber realizado llamada alguna, ni participado en ninguna reunión con el señor Javier Arévalo y vocales, menos haber ejercido presión con relación al tema", enfatizó.
La magistrada también rechazó haber incumplido con la presentación de los informes de 2021 y 2022 ante el Congreso, otra de las acusaciones que se les hace, y aseguró estos "se encuentran publicados en el portal de transparencia institucional".
Tumialán negó, además, que la Junta haya "filtrado" información a los medios de comunicación sobre una investigación que se sigue contra de la actual fiscal general, Patricia Benavides.
La Comisión de Justicia inició el pasado martes esta investigación sumaria, durante 14 días, a pesar de la preocupación manifestada por organismos nacionales e internacionales ante una posible amenaza al equilibrio de poderes en el país andino.
En respuesta, la JNJ consideró que se trata una amenaza al "ejercicio independiente de sus funciones" y que la eventual remoción de sus miembros "constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú".