La ley fundamental de la isla contempla estos derechos, pero no fueron legislados en la legislatura que concluyó este año ni está previsto que se haga en la actual, según el cronograma legislativo 2023-2027 aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Este "vacío legal", argumenta Ferrer en su demanda -a la que ha tenido acceso EFE este martes-, supone la "judicialización de toda manifestación o acción ciudadana de protesta o reclamatorias contra las autoridades".
La demanda en materia de amparo de los derechos constitucionales está dirigida concretamente contra el presidente de la ANPP, Juan Esteban Lazo, miembro del poderoso Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) desde 1985.
Ferrer apunta en su demanda que la Constitución permite los derechos de reunión, manifestación y asociación, "con fines lícitos y pacíficos", "siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sin embargo, prosigue el abogado, ninguna normativa ha desarrollado legalmente estos derechos a pesar de que una disposición transitoria de la Constitución insta a la ANPP a legislar "en el plazo de un año" para desarrollar "los preceptos establecidos" en la ley fundamental.
En diciembre pasado un grupo de unos 500 ciudadanos dirigió una misiva a Lazo y a la ANPP para "promulgar sin más dilación una ley que desarrolle y haga efectivo lo previsto" en el artículo 56 de la Constitución para regular los derechos de manifestación, reunión y asociación.
Varios colectivos de opositores y disidentes dentro y fuera de la isla vinculados al Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC) y a la plataforma D'Frente apoyaron la demanda de Ferrer, entre ellos figuran Marthadela Tamayo, Elena Larrinaga y Manuel Cuesta Morúa.
Condenaron en un comunicado difundido este martes la "deliberada postergación y eliminación posterior" del calendario del parlamento de la aprobación de la ley que debería regular los derechos de manifestación, reunión y asociación.
Estos disidentes criticaron que se pretenda "blindar la acción del Gobierno y no los derechos de las y los ciudadanos", lo que a su juicio sitúa al Ejecutivo por encima de la ley, fomenta la "arbitrariedad de órganos policiales" y criminaliza el disfrute de derechos constitucionales.
Ni la ANPP ni el Tribunal Supremo se han pronunciado sobre la demanda. Los medios oficiales cubanos no han informado al respecto.