"Aprobar esta ley devolvería al país a la era de (dictador Zine el Abidine) Ben Ali, cuando las pocas organizaciones de la sociedad civil autorizadas trabajaban bajo severas restricciones y a la mayoría de las internacionales de derechos humanos no se les permitía tener presencia en el país", señaló la directora regional de AI, Heba Morayef, en un comunicado.
Presentado por un grupo de diputados el pasado 10 de octubre, el proyecto de ley será examinado próximamente por una comisión parlamentaria para sustituir al actual texto, aprobado tras la revolución popular que puso fin a dos décadas de autocracia.
Este proyecto, explicó AI, otorga al poder ejecutivo amplias prerrogativas y sin control que van en contra del derecho internacional y las normas sobre libertad de asociación y eliminan salvaguardias esenciales contra la interferencia indebida de las autoridades.
Hasta ahora, la creación de una asociación dependía de una simple notificación, sin necesidad de se autorizada, pero el texto propuesto introduce un proceso "poco claro, multifacético y engorroso" y el primer ministro podría desestimar la solicitud por motivos que no están definidos por lo que, señala, supone una "solicitud de autorización de facto".
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Asimismo distingue entre ONG nacionales y "extranjeras" y otorga al Ministerio de Exteriores potestad para otorgar, suspender o revocar licencias bajo criterios o plazos que no se especifican y sin derecho a recurso.
Además exige estrictos requisitos para la presentación de informes y auditorías que, aunque podría justificarse para garantizar la transparencia, requiere que las organizaciones locales obtengan una autorización gubernamental previa para poder recibir financiación extranjera a riesgo de ser suspendidas o disueltas inmediatamente.
Estos poderes "desproporcionados" y "discriminatorias" permitirían disolver ONG acusadas de incumplir la ley sin necesidad de una supervisión judicial, sospechosas de "terrorismo" o simplemente impedir el derecho a la libertad de asociación por parte de grupos marginados como aquellos que trabajan por los derechos de las minorías, lamentó Amnistía.
El presidente Kais Said- que se arrogó plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social"- ha declarado en varias ocasiones su intención de poner fin a la financiación extranjera de las asociaciones que sirven de "tapadera" para los partidos políticos con la intención de interferir en los asuntos nacionales.