"No serán mandados a la cárcel, sino que serán internados en centros de detención y después enviados a fuera de Pakistán", dijo el ministro del Interior interino, Sarfraz Bugti, en una rueda de prensa en Islamabad.
Bugti prometió garantizar un tratamiento humano de los migrantes en situación irregular que Pakistán busca expulsar de su territorio, pero advirtió que aquellos que permanezcan en el país tras el 1 de noviembre "obviamente se encontrarán con más dificultades".
Además, el ministro añadió que aquellos que abandonen el país solo podrán contar con 50.000 rupias en efectivo (unos 180 dólares) por familia, y señaló que los paquistaníes que ayuden a los migrantes indocumentados serán castigados por la ley.
El Gobierno paquistaní dio a principios de octubre un ultimátum a todos los inmigrantes en situación irregular, incluyendo a cerca de 1,7 millones de nacionales afganos, para abandonar Pakistán antes del 31 de octubre.
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Pakistán reconoce la presencia de 1,4 millones de refugiados afganos, registrados ante las autoridades. Pero, como otros estados en el Sur de Asia, el país no es parte de la Convención sobre refugiados de la ONU de 1951 y carece de una legislación específica para este colectivo.
Grupos pro derechos humanos han criticado el plan de expulsar a cientos de miles de personas, en buena parte afganos que se arriesgan a sufrir represalias por parte de los talibanes a su regreso al país vecino.