“El juicio comenzará de nuevo en las instalaciones de la cárcel con acceso para los medios y el público”, dijo en un comunicado un portavoz del PTI, Ahmed Janjua, citando una resolución judicial.
Janjua denunció que las autoridades no presentaron a Khan frente a la corte, tratando así de “mantener al líder más popular de este país fuera de la vista de millones (de personas) y de los medios”.
Las autoridades paquistaníes justificaron su decisión de no presentar al exmandatario por motivos de seguridad, el mismo temor que movió al Ministerio de Justicia a ordenar el pasado agosto, antes de la primera audiencia del caso, que el juicio se celebrase en la cárcel de Adiala, donde Khan se encuentra preso junto con el vicepresidente del PTI y también acusado, Shah Mahmood Qureshi.
Los abogados y familiares de ambos habían cuestionado la transparencia del juicio en la prisión, acusando al Gobierno y al todopoderoso Ejército paquistaní de querer librarse de Khan con un proceso secreto antes de las elecciones generales previstas para el próximo febrero.
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Así, el Tribunal Superior de Islamabad anuló la semana pasada la celebración del juicio a puerta cerrada en la cárcel.
Khan y Qureshi están acusados de haber difundido correspondencia entre la embajada de Pakistán en EE.UU. y las autoridades de Washington, que según el exmandatario probaría una supuesta conspiración para derrocarlo del poder.
El ex primer ministro fue derrotado por una moción de censura en abril de 2022 y tuvo que abandonar el Gobierno, y siempre ha culpado a EE.UU. de ser el responsable de su destitución.
Washington ha negado tales acusaciones en numerosas ocasiones.
Para justificar su teoría, Khan se basó en una carta de la misión paquistaní en Washington en la que, según el exmandatario paquistaní, el funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. Donald Lu daba la orden de expulsarlo del poder o afrontar las consecuencias.
A pesar de que la veracidad de este documento no ha sido reconocida por el Gobierno paquistaní, Khan fue acusado de haber cometido un delito de violación de la Ley de Secretos Oficiales del país.