"Sería una negación de la democracia", subrayó el ministro del Interior, Gérald Darmanin, cuando se le preguntó esta mañana en una entrevista a la emisora Europe 1 sobre la hipótesis de que se produzca esa alianza en la Asamblea Nacional.
A partir de las 16.00 locales (15.00 GMT) está previsto que comience el debate en el plenario de la Asamblea Nacional del controvertido proyecto de ley sobre la inmigración que inició su tramitación en primera lectura en el Senado, donde fue endurecido por la mayoría que tiene allí la oposición de derechas.
Los ecologistas, que como toda la izquierda rechaza el texto porque pretende sobre todo facilitar y acelerar las expulsiones de inmigrantes irregulares, han presentado una moción de rechazo que se votará durante la sesión de esta tarde.
Si esa moción obtuviera una mayoría de votos, la consecuencia sería que el proyecto de ley no sería debatido por los diputados en el pleno, sino que sería enviado de nuevo al Senado para una segunda lectura en la versión que salió de la cámara alta, sin las correcciones que se han hecho en las últimas semanas en comisión en la Asamblea Nacional.
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Tanto la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen como el partido de la derecha clásica, Los Republicanos (LR), han mantenido el suspense en los últimos días sobre la posibilidad de votar la moción de rechazo de los ecologistas como forma de manifestar su descontento con el texto, pero sobre todo, de lanzar una carga política contra el Ejecutivo.
Darmanin, además de insistir en que de ocurrir eso se estaría negando el debate sobre un proyecto que apoya una mayoría de los franceses -según las encuestas-, quiso replicar señalando que la derecha y la ultraderecha tendrían una "responsabilidad enorme" por no querer aceptar una ley que busca facilitar las expulsiones de inmigrantes que delinquen.
Según su versión, mientras que ahora Francia expulsa a unos 2.500 inmigrantes que delinquen al año, la nueva ley permitiría elevar esa cifra a unos 4.000, además de endurecer las penas a los traficantes de personas, como mecanismo disuasorio.
El ministro, que se juega buena parte de su futuro político personal con este debate, también se esforzó en mostrar una mano tendida a LR, sobre diversas proposiciones de ese partido de oposición para endurecer el texto.
En concreto, sobre la posibilidad de restablecer el delito de presencia irregular en Francia para los inmigrantes sin papeles, la fijación de cuotas anuales para las entradas de inmigrantes o la organización de debates anuales sobre la cuestión.
Junto al pilar más represivo del proyecto de ley para luchar contra la inmigración irregular, hay otro que pretende favorecer la regularización de sin papeles que llevan al menos tres años en Francia y que trabajan en sectores en los que hay carencias de mano de obra, como la restauración o los servicios a la persona.
Pero la oposición de derechas -que es imprescindible para que la ley pueda ser aprobada- rechaza esas vías de regularización porque estima que tendrían un efecto de llamada.
Aunque el Gobierno inicialmente quería evitarlo, no ha excluido recurrir a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) que le permitiría adoptar la ley por decreto.