La Junta de Fiscales Supremos informó, en un comunicado, que analizó los decretos legislativos publicados hace una semana que contienen normas que "vulneran las funciones constitucionales del Ministerio Público".
Añadió que ha conformado una comisión institucional que evalúa la "interposición de acciones legales pertinentes" con el objetivo de "hacer prevalecer" el rol constitucional asignado al Ministerio Público.
Señaló que el Ministerio Público en ningún momento fue convocado por el Poder Ejecutivo, autor de los decretos, para emitir una opinión sobre el particular.
El comunicado explicó que la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público y que "la fiscalía seguirá cumpliendo su rol", de acuerdo a la Carta Magna.
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Subrayó que ese rol no puede ser afectado de modo directo ni indirecto, al cambiar el articulado del Código Procesal Penal, de manera que parezca que se está respetando el rol conductor, "cuando en la práctica lo que se pretende es someter al Ministerio Público a los designios de la entidad que más bien debe brindarle su apoyo".
Este pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos se produce después de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, manifestó el pasado sábado que esos decretos legislativos iban a poner fin a la liberación de "delincuentes capturados" por la Policía Nacional, al darle a esta institución la facultad de realizar las diligencias más urgentes en la investigación de los delitos.
La jefa de Estado dijo que, "después de 19 años, la Policía recupera las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar y lo hace sin afectar un ápice las atribuciones del Ministerio Público", como parte de las medidas aprobadas por el gobierno para combatir la inseguridad ciudadana en el país.
Durante una ceremonia en la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Boluarte agregó que la promulgación del Decreto Legislativo 1605 permite poner "fin a la liberación de delincuentes capturados" y expresó que "a esos criminales que aún andan sueltos por las calles, les decimos que esto se acabó".
"La liberación de estos delincuentes no solo ha significado más zozobra en la población, sino también la muerte de ciudadanos por parte de individuos que antes habían sido capturados por la policía", afirmó Boluarte en referencia a casos de presuntos sicarios y asaltantes que han atacado incluso a personal de guardianía municipal y la Policía.
En la misma ceremonia, el ministro del Interior, Víctor Torres, declaró que con la aplicación del nuevo decreto legislativo 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, la Policía Nacional recuperará sus facultades para efectuar actos de investigación que formarán parte de las diligencias preliminares, lo que permitirá optimizar y agilizar la investigación del delito en favor de las víctimas de la delincuencia.
Esta facultad de investigación policial por propia iniciativa se realizará bajo la conducción jurídica del fiscal, permitiendo el trabajo articulado y dinámico entre el fiscal y la Policía, y respetando el ámbito funcional de cada uno de ellos, indicó el Ministerio del Interior en una nota de prensa.