El juez Leodan Cristóbal Ayala ordenó la prisión preventiva contra Torres Lovón por la muerte de Rosalino Flórez Valverde en las protestas antigubernamentales del año pasado en Perú, manifestaciones que provocaron la muerte de 49 personas en enfrentamientos directos con la Policía y el Ejército peruanos.
Torres Lovón ha sido denunciado por la fiscalía por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado con alevosía, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
El Poder Judicial informó, en su cuenta de la red social X, la decisión del magistrado del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional contra el suboficial de la Policía Nacional, que no se presentó a la audiencia y, por lo cual, se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional.
Se trata de la primera orden de prisión preventiva contra un miembro de la Policía Nacional por la represión de los manifestantes en diversos puntos del país, cuando se realizaron una serie de protestas en contra de la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el Congreso de la República.
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Flórez Valverde, un estudiante de 22 años, recibió una serie de disparos de perdigones en el tórax el 11 de enero del 2023 en el distrito de Huanchac, en la ciudad del Cuzco, y falleció dos meses después en un hospital.
La legisladora Ruth Luque, representante del Cuzco, explicó que Flórez recibió "más de 20 perdigones en el cuerpo, destruyendo su intestino y otros órganos", lo cual significó que se alimentara únicamente por nutrición parenteral, es decir, suministrada a la vena.
Inicialmente, las autoridades negaron que las fuerzas del orden hayan recibido indicaciones para disparar a los manifestantes al cuerpo, pero las imágenes de las cámaras de seguridad, de los medios de comunicación y los testimonios de los participantes han revelado la aparente responsabilidad de algunos uniformados en los decesos.
Actualmente, la mandataria y su primer ministro, Alberto Otárola, son investigados por la Fiscalía por genocidio a raíz de las decenas de muertes producidas en las manifestaciones que se extendieron de diciembre del 2022 a febrero del 2023.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe, en mayo pasado, en el que sostuvo que hubo graves violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano en las protestas antigubernamentales.
Específicamente, en la represión de los manifestantes en la región Ayacucho, la CIDH indicó que pudo haber ejecuciones extrajudiciales y que al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, "podrían calificarse como una masacre".