Según informan a EFE fuentes jurídicas, Abderrahmane Tahiri, conocido como Mohamed Acraf, que fue condenado años atrás por liderar una célula que planeaba atentar en Madrid, está desde hace varios meses en busca y captura a petición de la Fiscalía y por el momento no ha podido ser localizado para que se siente el lunes en el banquillo.
Acraf salió en libertad en 2022 y se le retiraron las medidas cautelares al ser absuelto por primera vez. Cuando la Sala de Apelación ordenó repetir el juicio, en verano del año pasado, la Audiencia constató que no se encontraba en el país y se emitieron las correspondientes órdenes internacionales de detención a petición del Ministerio Público.
En un principio, según informan las fuentes consultadas, los investigadores sospechaban que podría estar en Marruecos, si bien hasta la fecha no ha sido posible localizarlo, de forma que lo previsible es que se celebre el juicio contra los otros tres acusados.
Los otros que se sientan en el banquillo son Mohamed El Gharbi, Karim Abdeselam Mohamed y Abdelah Abdeselam Ahmed, para quienes la Fiscalía pide hasta 12 años de prisión por un delito de constitución de grupo terrorista, aunque plantea de manera subsidiaria una condena de 8 años por colaboración con organización terrorista o captación y adoctrinamiento terrorista.
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Los tres, junto con Achraf y un quinto que quedó eximido de responsabilidad y no será juzgado ahora, se sentaron en el banquillo en julio de 2022. Unos meses después fueron absueltos al descartar el tribunal que los juzgó que formasen una red dedicada a favorecer a la organización terrorista Estado Islámico (EI).
La Fiscalía recurrió y la Sala de Apelación ordenó dictar una nueva sentencia, que llegó a la misma conclusión: la absolución ante la ausencia de pruebas de cargo determinantes.
De nuevo, la Fiscalía, con apoyo de las acusaciones que ejercieron dos asociaciones de víctimas, impugnó la absolución y consiguió que la Audiencia Nacional ordenase la repetición del juicio, pero con otro tribunal diferente, ante la "insuficiencia, irracionalidad y clara incoherencia" en el relato de hechos probados de la sentencia.
El ministerio fiscal los acusa de formar un grupo terrorista en las cárceles en favor del EI mediante el envío de cartas a otros reclusos con los postulados de la organización yihadista.