En la audiencia de este miércoles, la primera de los alegatos finales, los fiscales reconocieron inesperadamente la falta de argumentos para apoyar los delitos contra la tripulación después de siete años desde el inicio del juicio y de que la nave fuera secuestrada por las autoridades italianas.
En un "sorprendente giro de guión", la fiscalía pidió que "no se procediera" contra los cuatro miembros de la tripulación de la Iuventa y los otros, mientras que "el ministerio del Interior, que participa como parte civil y había pedido una indemnización, ha declarado que remitirá la decisión al tribunal", explicó el sitio Iuventa-Crew en un comunicado.
Los 21 miembros de oenegés y armadores de los barcos humanitarios estaban acusados de favorecer la inmigración ilegal por mantener contactos con los traficantes en los rescates realizados en el Mediterráneo central entre 2016 y 2017 y que podrían haber sufrido penas de hasta 20 años de cárcel.
"En su escrito, la fiscalía admitió la falta de credibilidad de los principales testigos y la falta de pruebas que demuestren la existencia de un delito por parte de los acusados" y "señaló que el juicio preliminar proporcionó más pruebas e información que las obtenidas previamente, lo que llevó a un cambio de postura".
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Ahora corresponde al juez tomar una decisión, añadió la ONG, que destacó que aunque los acusados "se sintieron aliviados" por el cambio de opinión, expresaron "su desconcierto por (...) la incapacidad de la fiscalía" pues "las pruebas cruciales, como las dudas sobre la credibilidad de los testigos de cargo, deberían haberse abordado durante la fase de investigación, no durante el juicio preliminar".
"Estamos contentos de que la fiscalía haya cambiado de opinión después de 7 años. Sin embargo, no es así como funciona un Estado de Derecho. Las acusaciones sólo deben formularse después de una investigación exhaustiva y la recopilación de todas las pruebas disponibles. Comenzar un juicio sin los fundamentos adecuados es injusto y supone una carga indebida para los acusados", señaló la abogada Francesca Cancellaro.
Una de las acusadas, Kathrin Schmidt, consideró que "hoy se ha dado un paso importante hacia la despenalización del rescate en el mar", aunque "la lucha por la libertad de circulación de las personas ni siquiera está lejos de terminar".
La Fiscalía considera que las ONG mantenían contacto con los traficantes que les comunicaban cuándo salían de las costas de Libia y su posición en el mar.
A su llegada a Lampedusa tras un rescate en agosto de 2017, el barco de esta ONG fue incautado y la fiscalía de Trapani abrió varias pesquisas contra decenas de personas y finalmente se cerró la investigación con los 21 acusados.