El día en el que el jefe de Gobierno más joven de la historia de Francia (tiene 35 años) cumplió cien días en el cargo, se trasladó a la localidad de Viry-Châtillon, donde a principios de mes un menor de 15 años fue golpeado hasta la muerte por un grupo de adolescentes, para presentar este plan de ocho semanas para "restablecer la autoridad".
En concreto, propuso medidas simbólicas, como obligar a los alumnos a levantarse cuando entre el profesor en el aula o incluir los actos de indisciplina en el expediente escolar de los más revoltosos, además de obligar a los estudiantes a estar en los centros todo el horario escolar.
Además, consideró que hay que enviar a más jóvenes de barrios radicalizados a internados para alejarles de la delincuencia, e implicar a los padres en los actos de sus hijos.
En este sentido, abrió la puerta a "sanciones" contra los padres "en caso de derivas de sus hijos, en caso de ausencia manifiesta de constancia, de no participación de los padres en la educación de sus hijos".
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Frente a los cada día más frecuentes desafíos de jóvenes contra la autoridad de los maestros y del Estado, Attal propuso un sistema de convocación inmediata de adolescentes de 16 años para que "respondan de sus actos graves de forma inmediata.
El primer ministro aseguró que tratará de regular el uso de pantallas en centros educativos, que extenderá a las redes sociales y señaló que propondrá introducir en la ley la "mayoría de edad digital" fijada en los 15 años.
Attal denunció que, en algunos barrios del país, los jóvenes están sujetos a la influencia de ideologías radicales de origen religioso o al influjo del tráfico de drogas y prometió luchar contra ambas.
"No permitiremos que una ideología religiosa se oponga a la ley en ciertos barrios. No toleraremos que las niñas no sean libres para pasearse sin velo si lo desean", afirmó.
Al tiempo, anunció un endurecimiento de las operaciones antidroga que desde hace varias semanas lleva a cabo la policía francesa en determinados sectores particularmente afectados y que, dijo, han permitido arrestar a 8.500 personas y confiscar 13,5 millones de euros y 3,7 toneladas de cannabis.
Los anuncios del primer ministro se producen a pocas semanas de las elecciones europeas en las que la extrema derecha lidera con mucha ventaja las encuestas con un discurso de endurecimiento de la seguridad y lucha contra la inmigración.