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El magistrado federal Mark Walker dictaminó que el requisito de ciudadanía es "una discriminación ilegal que viola el derecho de los demandantes a igual protección ante la ley", como recoge un comunicado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representó a los demandantes.
Las organizaciones pro inmigrantes Hispanic Federation y Poder Latinx, entre otros, entablaron el año pasado una querella contra la disposición "inconstitucional" de la ley SB 7050, que imponía una multa de 50.000 dólares por cada persona no ciudadana que "reúna" o "maneje" formularios de registro de votantes en su nombre.
"Las restricciones incluyeron a residentes permanentes legales, muchos de los cuales tienen vínculos estrechos desde hace mucho tiempo con las comunidades en las que residen", destacó ACLU.
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"La disposición para no ciudadanos de la SB 7050 es inconstitucional, discriminatoria y va en contra de la estructura misma de la democracia estadounidense", señaló en un comunicado el presidente de la Hispanic Federation, Frankie Miranda, que aplaudió la decisión del magistrado.