"No a la ley rusa" y "Traidores", gritan los congregados frente al Parlamento en alusión a los miembros del gobernante Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, decididos a superar hoy el veto presidencial.
Los participantes en la protesta, que portan banderas de Georgia y la Unión Europea (UE), auguran una "estrepitosa derrota" del partido oficialista en las elecciones parlamentarias de octubre próximo en caso de insistir en la aprobación del documento.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dijo este lunes que la Unión puede adoptar medidas contra Georgia si se aprueba definitivamente la ley de agentes extranjeros.
"Hemos empezado a considerar la respuesta más apropiada de la UE en el caso de que se apruebe la ley y tomar decisiones en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores de junio", aseguró Borrell en una rueda de prensa al término de la reunión que los ministros de Exteriores de la UE celebraron en Bruselas.
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A este respecto, el diputado del Sueño Georgiano Irakli Kadagishvili, dijo hoy que "hablar con Georgia con un lenguaje de chantaje y sanciones es contraproducente".
Según el parlamentario, "la ley no amenaza a la asociación estratégica con Estados Unidos ni a las relaciones con la UE".
"No vamos a cambiar nuestro objetivo estratégico que consiste en la vía prooccidental", aseguró.
Mientras, el presidente del mayor partido opositor, el Movimiento Nacional Unido, Leván Jabeishvili, afirmó que la polémica normativa "aleja a Georgia de Europa" y es "un encargo del Kremlin", que busca convertir el país caucásico en una "provincia rusa".
El Parlamento georgiano aprobó la ley el pasado 14 de mayo, pero la presidenta del país, la europeísta Salomé Zurabishvili, vetó la norma cuatro días después.
No obstante, se da por hecho que el Parlamento georgiano rechazará el veto presidencial, ya que se necesitan 76 de los 150 disputados de la cámara y el partido gobernante Sueño Georgiano cuenta con 84 escaños.
Si después de la votación y en un plazo de cinco días la presidenta se niega a firmar la ley, podrá hacerlo el jefe del Parlamento, según la normativa vigente.
Si la normativa, que fue rechazada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, entra en vigor las organizaciones no gubernamentales y los medios con más de un 20 % de financiación exterior tendrán que presentar una vez al año declaraciones públicas.
Según las autoridades, el 80 % del dinero que financia medios y ONG en Georgia es poco transparente y puede ser destinado a acciones de desestabilización con vistas a las elecciones parlamentarias del 26 de octubre.