Las fuerzas del orden habían iniciado el mes pasado una pesquisa para establecer si Rayner había cometido algún delito, después de que el vicepresidente del Partido Conservador, James Daly, denunciara que la política declaró dos direcciones diferentes en el censo electoral.
Según una biografía no autorizada de Rayner, ésta compró la antigua casa de protección oficial que alquilaba -en la localidad de Stockport, en el Gran Manchester- con un descuento del 25 % en 2007 en virtud de un plan que daba derecho a su compra, introducido por la antigua primera ministra conservadora Margaret Thatcher.
De acuerdo con ese plan, quien alquila una vivienda de protección oficial puede solicitar su compra a través de ese sistema pero siempre que se trate de su "única o principal vivienda".
Ocho años más tarde, tras casarse en 2010, vendió la propiedad por un importe mayor de lo que pagó en 2007.
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Rayner dijo que no pagó impuestos sobre las ganancias por la venta porque, como "la mayoría de la gente que vende su propia casa", era "mi casa y la única que poseía".
No obstante, las parejas casadas y la uniones civiles solo pueden contar en el Reino Unido con una propiedad como su vivienda principal a efectos fiscales, lo que generó dudas sobre si Rayner debió pagar impuestos sobre la venta.
Según la denuncia de Daly, Rayner pudo haber hecho una declaración falsa sobre dónde vivía en el registro electoral.
Sin embargo, la Policía informó hoy de que, tras las acusaciones contra Rayner, las fuerzas del orden completaron una investigación "exhaustiva" y "proporcionada", por lo que ha llegado a la conclusión de que no se tomarán más medidas policiales contra ella.
"La investigación se originó a partir de quejas presentadas por el diputado James Daly directamente a la Policía del Gran Manchester (GMP). Los contactos posteriores con GMP por parte del público y las afirmaciones hechas por personas que aparecieron en los informes de los medios indicaron que había un fuerte interés público en la necesidad de que se investigaran las acusaciones", agregó.
Las fuerzas del orden puntualizaron que los asuntos relacionados con impuestos municipales y personales no entran en la jurisdicción de la Policía, por lo que ha compartido información con Hacienda.
La decisión de la Policía de no tomar medidas contra Rayner se conoció en plena campaña para las elecciones generales británicas, convocadas por el primer ministro, Rishi Sunak, para el 4 de julio.
Los sondeos de intención de voto otorgan a los laboristas de Keir Starmer una ventaja de más de veinte puntos frente a los "tories" de Sunak.