Tantawy fue condenado el pasado 6 de febrero junto a su asesor de campaña, Mohamed Abu al Diar, y 21 de sus partidarios a un año de prisión, según HRW, por "llevar a cabo una campaña pacífica y obtener respaldo público para postularse a la presidencia del país".
En ese momento, ambos fueron puestos en libertad bajo fianza de 20.000 libras egipcias (648 dólares), pero fueron detenidos nuevamente tras perder la apelación.
Los cargos que se le atribuyen al excandidato son "participación e incitación a la impresión y uso de documentos electorales sin licencia".
Tantawy, en un intento por conseguir "apoyo a la candidatura en las elecciones presidenciales", pidió a los ciudadanos que le concedieran poderes populares y que posteriormente se documentaran en el registro de bienes raíces, según el tribunal.
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"Castigar a Tantawy y sus partidarios por desafiar al presidente Abdelfatah al Sisi revela una vez más la tolerancia cero de las autoridades hacia el activismo pacífico”, aseguró el director adjunto para Medio Oriente y Norte de África de HRW, Adam Coogle.
En ese sentido, HRW demandó a "las autoridades egipcias al más alto nivel" revisar inmediatamente el caso contra Tantawy, que, según su familia, se encuentra en una prisión a las afueras de El Cairo, y "liberarlo a él y a sus partidarios".
La organización denunció que el fallo judicial "se basa enteramente en el activismo político pacífico del acusado" en la etapa previa a las elecciones presidenciales de diciembre de 2023, en las que el presidente Al Sisi revalidó un tercer mandato de seis años con el 89,6 % de los votos.
Organizaciones internacionales, entre la que se encuentra HRW, consideraron entonces que la campaña presidencial estuvo llena de irregularidades y que los resultados fueron la consecuencia de una "campaña de arrestos" e "intimidación" que el exmariscal realizó para reprimir y eliminar posibles rivales.