Intimidación, difamación, promover la enemistad entre grupos en base a la religión o la raza, o agredir a funcionarios públicos para disuadirlos de su deber, son algunos de los casos más comunes entre los parlamentarios recién elegidos en India, aunque también hay quienes han recibido denuncias por acoso sexual o intento de homicidio culposo.
En conjunto, 251 de los 543 miembros que integrarán la Cámara Baja del Parlamento o Lok Sabha en la futura legislatura acumulan más de 1.200 casos en su contra, según registros cotejados por EFE.
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El parlamentario del opositor Partido del Congreso (INC) por el estado sureño de Kerala, Dean Kuriakose, posee el récord con 88 cargos criminales, según un informe de la Asociación para las Reformas Democráticas (ADR), una organización especializada en el seguimiento de los comicios.
Además, acumula 18 condenas por causar disturbios, participar en reuniones consideradas ilegales o desobedecer al orden público, entre otros cargos.
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Según el informe, un 20% de los candidatos a las elecciones indias admitieron tener cargos criminales en su contra. Esta confesión es obligatoria para concurrir a los comicios, puesto que la Comisión Electoral de la India requiere los antecedentes de todos los aspirantes.
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Pero esa cifra supera el 45 % mirando tan solo a aquellos que han resultado elegidos.
Aunque Kuriakose es el que acumula más cargos, son varios los políticos con más de una veintena de casos en su contra.
Numerosos cargos por difamación
Cerca de esa cifra se queda el líder opositor del INC, Rahul Gandhi, quien atestigua 19 cargos: la mayoría de ellos por difamación.
Gandhi fue condenado a dos años de prisión en marzo de 2023 por un tribunal del estado occidental de Gujarat por un comentario hecho en un mitin político en 2019 contra el primer ministro, Narendra Modi, pero la condena fue suspendida en agosto por el Tribunal Supremo hasta la resolución de su apelación.
Divididos por formaciones, el Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi aglomera a casi un centenar de parlamentarios con casos en su contra, seguido por el INC, con 48 representantes en esa misma situación.
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Las elecciones dejaron además la sorprendente victoria de dos candidatos independientes desde prisión: uno de ellos, el antiguo jefe de Gobierno de la Cachemira administrada por la India, Abdul Rashid, que fue arrestado en 2019 acusado de financiación del terrorismo.
El otro es el líder separatista Amritpal Singh, que fue arrestado hace un año acusado de esconder grandes cantidades de armas y dirigir un centro para adoctrinar a jóvenes de la religión sij, minoritaria en el conjunto de la India pero predominante en Punjab, a cometer ataques y protestas violentas.
La legislación india no impide que aquellos que estén siendo juzgados concurran a las elecciones o ejerzan en caso de ser elegidos, como es el caso de ambos, pero sí que les prohibirá ocupar un escaño en caso de que sean finalmente condenados.