A través de un comunicado publicado en redes sociales, Salazar consideró que ha sido violada su privacidad "como ciudadana y como mujer embarazada", e hizo un repaso a varias normas que prohíben la divulgación de informes médicos de carácter personal.
La fiscal general se expresó así después que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) difundiera un video donde menciona la posibilidad de retomar el juicio político contra Salazar al haber pasado ya las doce semanas de gestión, el periodo considerado de riesgo en un embarazo.
En ese mensaje se hizo mención al informe médico que la fiscal general presentó a la Asamblea Nacional para aducir un embarazo de alto riesgo y solicitar que se suspenda el juicio político hasta que dé a luz, un documento que, según ese video, le pedía no tener situaciones de estrés.
Durante este periodo la funcionaria ha continuado desarrollando su trabajo y asistiendo a largas audiencias judiciales sobre algunos de los casos de corrupción que su despacho ha investigado.
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"En Ecuador se miente con descaro y se aceptan las más grandes barbaridades: influjos psíquicos, cuadernos escritos en vuelos de 30 minutos, escandalosas 'impericias'. Si la fiscal tenía un embarazo de alto riesgo, ¿por qué no pidió licencia en la Fiscalía?", se cuestionó Correa.
A ello se sumó la solicitud presentada por la asambleísta correísta Gissela Garzón al Legislativo para conocer qué acciones de seguimiento al estado de gestación de Salazar ha realizado la Procuraduría General del Estado (Abogacía General del Estado) de seguimiento, entidad que emitió un dictamen favorable para la suspensión de los juicios políticos.
"No voy a tolerar más infamias"
Por su parte, Salazar señaló que "todo tiene un límite". "No voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre, que -con tal de conseguir impunidad- han sido capaces de rebasar toda frontera no solo legal, sino moral, ética y humana", apuntó la fiscal general.
La titular del Ministerio Público recordó que "el código penal prohíbe la difusión de información de circulación restringida, incluyendo datos de carácter personal, cuya divulgación no ha sido autorizada".
"Mi vida privada, la vida que crece dentro de mí, la privacidad de mi familia y nuestra seguridad no son cuestiones que le atañan a nadie más que a nosotros como familia", apostilló Salazar.
"Reto a todos los mentirosos e inescrupulosos, a quienes mi presencia y trabajo al frente de la Fiscalía General les han sido tan estorbosos, a que propongan a tres médicos para que sean quienes certifiquen que todo lo que dice esta banda (porque eso es lo que son) es una vil mentira", añadió.
Para la fiscal general, "queda claro (por si alguna vez tuvieron alguna duda) que esta gente busca desesperadamente separarme de mis funciones como fiscal general del Estado, porque no les interesa llegar a la verdad procesal de los hechos, porque quieren seguir viviendo en la impunidad".
Con Salazar al frente desde 2019, la Fiscalía de Ecuador ha sacado adelante varios procesos por corrupción contra la administración de Correa, entre ellos el denominado caso 'Sobornos', donde el expresidente fue inhabilitado y condenado en 2020 junto a otros colaboradores a ocho años de cárcel por cohecho.
El exmandatario, que critica recurrentemente a la fiscal general, rechazó desde un inicio los cargos y acusaciones en su contra, y se declaró un perseguido político y víctima de 'lawfare' (instrumentalización de la Justicia contra enemigos políticos), por lo que desde 2017 reside en Bélgica, donde tiene el estatus de refugiado.