"Para mí que no tenía que tener este final y este señor tuvo que haber sido capturado con vida", declaró a los periodistas la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (PCN), al referirse a la operación en la vivienda del diputado Eulalio 'Lalo' Gomes, quien fue abatido en un presunto intercambio de disparos con los agentes.
Al ofrecer sus impresiones sobre una sesión extraordinaria reservada celebrada este miércoles a instancias del Senado, la opositora consideró que se trató de una "quema de archivos" y advirtió de que Gomes "llevó a la tumba informaciones muy preciadas".
"Este señor pudo habernos dado nombres de personajes políticos involucrados, porque yo no creo que él haya operado solo en todo este tiempo", agregó la legisladora, e indicó que "esto no puede terminar así".
Gomes, de 67 años, fue abatido en la madrugada del lunes en medio de un procedimiento ordenado como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
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Las autoridades han indicado que los agentes fueron "recibidos a tiros" y "se respondió en consecuencia".
La familia alega que el político "no tuvo tiempo de reaccionar" y su abogado, Óscar Tuma, ha advertido que el acta de allanamiento "tiene irregularidades".
Paredes explicó que las investigaciones empezaron en 2017 y detalló que desde 2021 ya se tenía un expediente "con todos los antecedentes de narcotráfico" que presuntamente señalaban al legislador fallecido.
En ese sentido, la senadora afirmó que la "consecuencia" de lo ocurrido debió ser un "juicio político al presidente de la república" y la destitución "en consecuencia" del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, al cuestionar que estas autoridades no estaban en conocimiento de la ejecución de la operación.
El también senador de oposición Eduardo Nakayama dijo a la prensa que en la sesión reservada, que se prolongó durante seis horas, "se evacuaron absolutamente todas las dudas".
"Yo particularmente quedé satisfecho. Nosotros sabemos que cuando hay un allanamiento no existe el riesgo cero", sentenció Nakayama, quien recordó que en más de una ocasión exigió al fiscal general, Emiliano Rolón, actuar contra el crimen organizado y admitió que sería "muy poco coherente" si "no apoyara cuando finalmente se hace un procedimiento".
El senador Rafael Filizzola, del partido Democrático Progresista, señaló que hubo "irregularidad" en la orden judicial y en la decisión "de ingresar en horario nocturno", lo que, a su parecer, generó "un riesgo adicional que debía haber sido previsto".
No obstante, se apartó de quienes piden la salida de los funcionarios, e indicó que en ello radica "la diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados", ya que esta última aprobó una resolución en la que pide la dimisión de Riera y Benítez.
"El debate en este momento tiene que ser analizar por qué las cosas salieron como salieron y tomar medidas correctivas", afirmó Filizzola, al descartar que "la destitución o la renuncia de Riera resuelva el problema".