En un fallo emitido este viernes, el máximo tribunal de la isla señaló que algunas de las disposiciones incluidas en ese paquete legislativo vulneran el principio de separación de poderes, entre ellas la obligación de que el presidente ofrezca un discurso sobre el estado de la nación en el Parlamento y responda a preguntas de los legisladores.
Las reformas, impulsadas por el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), que ocupan 60 de los 113 escaños del Parlamento, también pretendían reforzar los poderes de investigación de los legisladores y otorgarles la potestad de convocar audiencias públicas, salvo en aquellos asuntos relacionados con las relaciones exteriores o la seguridad nacional que deban mantenerse en secreto.
Si bien los parlamentarios pueden crear comités de investigación en algunas circunstancias, las multas y las penas de prisión previstas para los funcionarios que emitan declaraciones falsas durante dichas audiencias son inconstitucionales, concluyó el Tribunal Constitucional, que recordó que la facultad de auditar a trabajadores públicos corresponde “exclusivamente” al Yuan de Control, uno de los cinco poderes del Estado.
La tramitación y posterior aprobación de este conjunto de reformas puso de manifiesto la gran polarización que existe en la isla: durante la primera jornada de deliberación parlamentaria, hubo insultos y agresiones físicas entre miembros del oficialismo y la oposición, cuyas divisiones no han hecho más que acentuarse desde entonces.
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Asimismo, entre el 17 y el 28 de mayo, decenas de miles de taiwaneses salieron a las calles para protestar por lo que, entendían, suponía un “abuso del poder” de los legisladores opositores, que habrían aprovechado su mayoría parlamentaria para impulsar su propia versión de las reformas.
En este punto, el Tribunal Constitucional certificó que el procedimiento de tramitación de las propuestas por parte del KMT y el PPT fue constitucional.
Consecuencias políticas de la sentencia
La decisión del máximo tribunal constituye a priori una buena noticia para el presidente taiwanés, el soberanista William Lai, quien el pasado 24 de junio solicitó la revisión constitucional del paquete legislativo al considerar que podría “poner en riesgo” la separación de poderes.
“El presidente es el guardián de la Constitución democrática y, dado que estas enmiendas plantean dudas de inconstitucionalidad y confunden las disposiciones de separación de poderes y supervisión de la Constitución, como presidente tengo el deber ineludible de actuar”, manifestó el mandatario entonces.
El KMT y el PPT, por su parte, han defendido en reiteradas ocasiones la pertinencia de estas medidas, que, en su opinión, ayudarían a corregir la falta de supervisión del Ejecutivo por parte del Legislativo, después de ocho años ininterrumpidos del Partido Democrático Progresista (PDP) en el Gobierno.
En el corto plazo, la revocación parcial de estas medidas también podría traducirse en una mayor conflictividad entre la oposición y el Gobierno, que el próximo 1 de noviembre presentará su proyecto de ley de presupuesto ante el Parlamento sin contar con los votos necesarios para su aprobación.
Ese proyecto contempla un aumento del gasto en Defensa hasta un máximo histórico de 647.000 millones de dólares taiwaneses (unos 20.179 millones de dólares) para 2025, una medida encaminada a contener la creciente presión militar de China, que considera a Taiwán como una "provincia rebelde".