"Agradecemos la presentación de este informe y reafirmamos nuestra lucha legítima por el respeto a la soberanía popular de los venezolanos", manifestó la PUD en referencia a lo que considera la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, pese a que el ente electoral proclamó como ganador a Nicolás Maduro.
El informe -publicado el 7 de enero y presentado por la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria De Mees- fue elaborado a través de fuentes primarias y secundarias de información y no tras una visita del organismo al país caribeño.
En el escrito se acusa a Maduro de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones con "al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes".
Además, asegura que Maduro -investido como presidente para un tercer sexenio pese a las denuncias de fraude electoral- no solo "ejecutó prácticas de terrorismo de Estado" para "impedir la participación política de la oposición", sino que también -dice el informe- "implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder".
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Por su parte, la líder opositora María Corina Machado consideró "contundente" el informe de la CIDH y afirmó que este documento "ratifica que el régimen (en referencia a la Administración de Maduro) comete prácticas de terrorismo de Estado".
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas fueron arrestadas en el contexto de las protestas contra la controvertida victoria de Maduro, a las que la Fiscalía acusó de generar "violencia", una cifra mayor a la del Foro Penal, ONG que solo incluye casos reportados y verificados, y excluye a aquellos que han cometido delitos.
Foro Penal contaba hasta la semana pasada 1.687 personas arrestadas por motivos políticos, la mayoría de ellas detenidas en la crisis poselectoral.