El Ministerio del Interior suizo había solicitado asesoramiento jurídico a un profesor de la Universidad de Zúrich que ha llegado a esa conclusión, ya que la actuación con esos niños, que buscaba poner fin a la vida nómada de las comunidades y asimilarlos al resto de la sociedad, constituyó un grave abuso.
Sin embargo, no se ha concluido, como reclamaban los demandantes, que hubiera un "genocidio cultural", ya que según el jurista no se advierte una intención expresa de aniquilar físicamente a seres humanos pertenecientes a una determinada etnia, religión o comunidad.
A la vista de las conclusiones, el Consejo Federal ha enviado una carta en la que expresa sus disculpas a las comunidades yeniche y sinti, sin que por ahora se haya mencionado ningún tipo de reparación.
Las intervenciones sobre los niños de estas comunidades nómadas se llevaron a cabo entre 1926 y 1973 por parte de Pro Juventute, una fundación privada dedicada a labores de asistencia que sigue en activo.
La conclusión del jurista contactado por las autoridades federales subrayó que pese a la responsabilidad principal de Pro Juventute, la persecución a yeniches y sintis no habría sido posible sin la participación del Gobierno a todos los niveles (comunal, cantonal y confederal).