Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional, donde subraya "la necesidad de condenar y luchar de forma activa contra toda forma de discriminación basada en el lugar de procedencia, el color de piel u otras características personales, incluyendo manifestaciones como el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la afrofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas conexas de intolerancia".
También se compromete a la promoción de políticas antirracistas que garanticen la igualdad de trato y la erradicación de cualquier forma de racismo y discriminación.
El Ejecutivo reconoce los desafíos pendientes y hace referencia a la creciente amenaza que supone el discurso de odio racista y la desinformación en las plataformas digitales.
A través de las redes sociales "se facilita la propagación y normalización del odio y la polarización de nuestras sociedades, contribuyendo a la estigmatización de las personas racializadas, especialmente en contextos electorales o de crisis o emergencias", indica el texto.
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Entre las líneas prioritarias de acción, destaca el impulso de mecanismos adecuados de denuncia y la lucha contra la infradenuncia, con herramientas como un teléfono destinado a la atención a víctimas de racismo y recoge "la próxima puesta en marcha" de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato para garantizar que se cumpla la normativa y reforzar la protección de las víctimas.
La declaración recuerda que en 2025 se cumplen 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a España, lo que ha motivado su declaración como Año del Pueblo Gitano.