Entre los acusados por la Fiscalía de Matera (sur) del delito de "favorecimiento de la inmigración clandestina", figuran "propietarios de empresas, administradores de centros de asistencia fiscal y terceros que facilitaron la preparación de solicitudes ilícitas", se explica en un comunicado.
Las pesquisas destaparon "un sistema fraudulento de presentación de solicitudes destinado a facilitar el ingreso de trabajadores extranjeros a Italia para trabajar en los sectores de la agricultura, ganadería y turismo", añade la Guardia de Finanzas.
Las investigaciones, centradas en Matera, se dividieron en varias fases y se basaron en un análisis detallado de los datos, documentos e información existente de la plataforma del Ministerio del Interior sobre las peticiones de trabajo presentadas en 2023 y 2024.
Las 5.119 personas para las que se pretendía conseguir "el acceso ilegal en territorio italiano" provenían de países como Bangladesh, Sri Lanka, Marruecos, Pakistán, India, Senegal, Egipto o Albania.
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En total, 34 empresas "falsearon la necesidad de contratar a trabajadores extranjeros", al observarse que tenían "una capacidad de producción no congruente con las peticiones presentadas".
Asimismo, la Guardia de Finanzas identificó el uso de "documentación falsa sobre documentos de identidad, declaraciones sustitutivas o formularios de declaración de IVA", lo que se usó "de apoyo a las solicitudes fraudulentas ingresadas en la plataforma del Ministerio de Interior", espacio donde se tramitan estas peticiones.
Las "autorizaciones ya concedidas" y "obtenidas fraudulentamente fueron inmediatamente revocadas por la Prefectura de Matera", agregó la Guardia de Finanzas, que concretó que ahora el proceso judicial debe seguir su curso para determinar si acusados son culpables.
No es la primera vez que las fuerzas de seguridad italianas descubren sistemas para favorecer la migración por vías fraudulentas.
En febrero, los Carabineros -Policía militarizada- destaparon una red ilegal que utilizaba a funcionarios corruptos para crear miles de solicitudes y permisos falsos de trabajo y residencia en Italia, por los que unos 2.000 migrantes extracomunitarios pagaron grandes sumas de dinero.
La lucha contra la migración irregular en Italia es uno de los caballos de batalla de la coalición de Gobierno que preside la ultraderechista Giorgia Meloni.