"¿Cuándo Filipinas se convirtió en una provincia de La Haya?", se preguntó la senadora Imee Marcos, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta del Congreso filipino. La impulsora de la sesión es una firme defensora del clan Duterte, a pesar de ser la hermana del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.
Afines a Duterte cuestionan el arresto
La senadora cuestionó la legalidad de la detención del expresidente el martes de la semana pasada, y prometió que "si realmente hay irregularidades, nos aseguraremos de establecer salvaguardias para que esto no vuelva a ocurrir".
Por su parte, la hija del exmandatario, la vicepresidenta filipina Sara Duterte, intervino en la sesión a través de una videoconferencia desde La Haya para condenar una detención que calificó sin tapujos de "ilegal".
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"Un residente filipino, un expresidente, fue detenido sin una orden válida emitida por un tribunal filipino, sin el debido proceso y sin ninguna base jurídica en virtud de nuestra ley", lamentó.
Tanto Sara Duterte como Imee Marcos afirmaron que la detención por orden de la CPI afecta a todos los ciudadanos del país asiático. "¿Qué les impide hacer esto a todos los filipinos", se preguntó la vicepresidenta.
A la defensiva, altos oficiales justifican la detención
En una larga sesión organizada por simpatizantes de Duterte o directamente miembros de su administración, como el exsecretario de Exteriores y actual senador Alan Peter Cayetano, los altos oficiales del Gobierno de Marcos Jr. se encontraron a la defensiva.
El secretario de Justicia filipino, Jesus Crispin Remulla, destacó que las autoridades colaboraron con Interpol a la hora de arrestar a Duterte siguiendo el "derecho internacional humanitario".
"Nunca ayudamos a la CPI, nunca estuvimos en contacto con ellos", añadió.
El Gobierno filipino ha defendido que se limitó a colaborar con Interpol, ya que Duterte retiró al país asiático de la CPI en 2019 para intentar escapar de una investigación sobre su sangrienta guerra contra las drogas.
El tribunal consideró, no obstante, que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI. Según cifras de la Policía filipina, unas 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales durante el mandato de Duterte (2016-2022), aunque ONG locales elevan la cifra hasta las 30.000.
Remulla aseguró además que Duterte nunca fue oficialmente extraditado, y justificó que no fuese presentado ante un tribunal filipino que aprobase el proceso.
"Hay dos opciones según el derecho internacional humanitario, la primera es la extradición o la entrega. Nosotros elegimos la vía de la entrega", dijo.
El Gobierno culpa a Duterte de su propia detención
Ante las preguntas elevadas por los senadores afines a Duterte, el Gobierno afirmó que el culpable del arresto no es otro que el propio expresidente.
"La incapacidad del expresidente Rodrigo Duterte para investigar y procesar a los autores de ejecuciones extrajudiciales durante su administración culminó en su detención y eventual traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) en los Países Bajos", zanjó la portavoz presidencial, Claire Castro, en una rueda de prensa.
El martes de la semana pasada, Duterte fue arrestado en Filipinas y trasladado a La Haya después de que la CPI ordenara su detención al acusarlo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas.
Duterte compareció el pasado viernes ante la CPI, una sesión en la que se le informó de sus derechos y del crimen del que se le acusa, antes del comienzo oficial del juicio el próximo 23 de septiembre.