En declaraciones hechas hoy en Varsovia, Tusk pidió a Duda que ratifique cuanto antes la ley, aprobada por el Parlamento hace un mes y por el Senado la semana pasada, "porque cada día registramos entre 100 y 200 intentos de entradas ilegales" de personas que "esperan poder presentar una solicitud de asilo".
La reforma permitiría a las autoridades polacas y a sus representantes decidir si admiten a trámite una solicitud de asilo o si la rechazan, en base a criterios subjetivos.
"Cada día de retraso, señor presidente, expone a nuestra Guardia de Fronteras (...) al peligro que aún existe en la frontera", subrayó Tusk.
El presidente Duda, alineado ideológicamente con la oposición a Tusk, ha vetado o varias iniciativas legislativas aprobadas por el Parlamento, como dos reformas al funcionamiento del sistema judicial en agosto del año pasado, una iniciativa para hacer oficial el idioma de Silesia o varias reformas que liberalizarían el derecho al aborto.
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Según los datos oficiales más recientes de la Guardia Fronteriza polaca, en los últimos días se ha registrado un alza en el número de intentos de entrar de forma irregular en el país desde Bielorrusia, con una media de alrededor de 100 detenciones diarias.
La reforma legal impulsada por el Gobierno polaco, parte de una estrategia más amplia para abordar lo que las autoridades polacas describen como la "instrumentalización de la migración" por parte de estados extranjeros como Bielorrusia y Rusia, ha generado una intensa controversia y críticas por parte de organismos internacionales.
Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que esa ley "podría violar el derecho europeo e internacional".
Grupos de Derechos Humanos polacos también han manifestado su preocupación sobre esta reforma, pues en su opinión no solo contraviene la constitución polaca, sino que también causará un perjuicio a los solicitantes de asilo más vulnerables, quienes podrían ser devueltos a Bielorrusia.
Si el presidente Duda finalmente firma la ley, Tusk anunció que se implementaría "de inmediato" y se llevaría a cabo "una campaña informativa en los países de origen de los inmigrantes para disuadir los cruces ilegales".
Duda, que concluye su mandato en menos de dos meses, también tiene la opción de vetar la reforma o de remitirla al Tribunal Constitucional para su examen.