"Las autoridades egipcias deben detener mañana mismo todos los planes de devolver por la fuerza a un solicitante de asilo sirio que corre el riesgo de ser deportado a Siria y poner fin a la represión continua contra los miembros de la Religión Ahmadí de Paz y Luz", dijeron estas organizaciones en un comunicado conjunto.
Entre el 8 y el 14 de marzo, las ONG documentaron la "detención arbitraria" de al menos cuatro miembros de esta minoría religiosa "únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de religión", dos de los cuales son hermanos sirios solicitantes de asilo ante el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Estas personas fueron detenidas en sus casas en tres provincias diferentes de Egipto, según las organizaciones, que afirmaron que tres de ellos fueron "sometidos a desaparición forzada y actualmente se desconoce su suerte y paradero", mientras que el cuarto "permanece incomunicado".
"Las autoridades egipcias tienen la obligación legal de respetar y proteger el derecho a la libertad de religión de todas las personas en el país, incluidas aquellas con creencias religiosas no reconocidas por el Estado”, declaró el investigador de AI para Egipto y Libia, Mahmoud Shalaby.
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Entre las personas objeto de persecución se encuentra Ahmed al Tanawi, solicitante de asilo sirio de 28 años registrado ante ACNUR, que corre riesgo inminente de ser deportado a Siria, donde la situación "sigue siendo inestable y Amnistía Internacional continúa oponiéndose a las devoluciones forzosas al país".
Esta "ofensiva contra miembros de la minoría religiosa ahmadí" en Egipto se produjo después de que una persona colgara una pancarta anunciando un canal de televisión ahmadí en Giza con la foto de su líder espiritual, lo que desencadenó una operación de rastreo por parte de las autoridades para encontrar a miembros de la minoría.
Amnistía denuncia que las minorías religiosas como los cristianos coptos, los chiíes y los bahaíes "sufren constantemente discriminación en la ley y en la práctica en Egipto", donde las personas que no profesan religiones reconocidas por el Estado "son citadas e interrogadas por la Agencia de Seguridad Nacional".