"(Según la ley), si tenemos cuerpos en nuestras instalaciones durante más de 30 días, el Ayuntamiento, o el Gobierno en este caso, puede enterrarlos. Pero, dadas las circunstancias y lo delicado del caso, sabemos que algunas de estas personas proceden de países vecinos, hemos decidido que vamos a poner el proceso en pausa", declaró a medios locales a última hora del martes el portavoz del Departamento de Salud de la provincia del Noroeste, Tshegofatso Mothibedi.
"Pero, a partir del mes que viene, comenzaremos el proceso de los funerales. Así que, tal y como están las cosas, tenemos unos 60 cuerpos (66 exactamente) en nuestras instalaciones y estamos trabajando con nuestros servicios de Policía para garantizar que nuestras comunidades dan un paso adelante", añadió.
En algunos casos, los cuerpos tienen que ser repatriados, ya que muchos de los mineros procedían de países vecinos como Zimbabue, Mozambique, Lesoto o Malaui.
En este sentido, asociaciones como Comunidades Afectadas por la Minería Unidas en Acción (MACUA, en inglés) o el Sindicato de Trabajadores de Industrias Generales de Sudáfrica (GIWUSA) están apoyando a las familias con el transporte y otros costes logísticos.
Tras meses de presión policial en la Mina de Oro de Buffelsfontein (BGM), en la localidad de Stilfontein, para forzar a salir a la superficie a cientos de mineros ilegales -reacios a subir por temor a ser detenidos o por estar retenidos contra su voluntad por mafias-, el pasado 10 de enero, el Tribunal Superior de Pretoria, la capital sudafricana, ordenó el rescate, poniendo fin a un caso que sacudió a la opinión pública y que fue considerado por algunos como una masacre.
En la operación fueron rescatados vivos por la Policía 246 mineros ilegales -conocidos localmente como 'zama-zamas' (expresión coloquial en lengua zulú que significa 'arriesgarse' o 'intentarlo de nuevo') y se recuperaron 78 cuerpos, a los que deben sumarse otros nueve cadáveres sacados en las semanas anteriores y un minero fallecido en el hospital tras ser rescatado.
La crisis en Stilfontein, donde una infinidad de túneles subterráneos conectan diferentes pozos mineros, saltó a los titulares el pasado octubre, cuando la Policía sudafricana bloqueó el suministro de agua y comida después de meses tratando de forzar la salida de los mineros para detenerlos.
Esta medida se enmarca en la operación policial 'Vala Umgodi' ('Cerrar la mina', en zulú), puesta en marcha en diciembre de 2023 para atajar la minería ilegal en el país y que había propiciado, a fecha del pasado noviembre, la detención de más de 13.690 sospechosos en siete provincias.
Además de los riesgos que conlleva, la minería ilegal hace mella en la economía sudafricana y supone enormes pérdidas de ingresos tanto para el Gobierno como para la industria minera del país.