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Candidato a contralor propone una Contraloría “útil para la gente”

Leandro Villaba, candidato a Controlador, en los estudios de ABC TV.
Leandro Villaba, candidato a Controlador, en los estudios de ABC TV.

El candidato a contralor Leandro Villalba propuso una Contraloría orientada a la ciudadanía, defendió la Auditoría Forense y pidió priorizar la capacidad técnica sobre el color político.

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El abogado Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República (CGR) y uno de los 42 postulantes al cargo de contralor general, en una entrevista con el programa Mesa con EVP, expuso sus principales propuestas para transformar el organismo de control en caso de ser designado.

Durante la audiencia, sostuvo que la Contraloría debe convertirse en una institución “útil para la gente”, capaz de generar información relevante para mejorar la toma de decisiones públicas, fortalecer el control del gasto estatal y contribuir al combate de la corrupción.

Una Contraloría con impacto en las políticas públicas

Villalba afirmó que las auditorías no deben limitarse a detectar irregularidades, sino convertirse en herramientas que permitan corregir políticas públicas y optimizar la administración de los recursos estatales.

Como ejemplo, recordó que las observaciones formuladas por la Contraloría al antiguo programa de Alimentación Escolar derivaron posteriormente en la implementación del programa Hambre Cero, lo que, a su criterio, demuestra el potencial transformador de las auditorías.

En ese sentido, señaló que la discusión pública debería enfocarse en determinar qué programas requieren mayor financiamiento, cuáles necesitan ajustes y cómo mejorar la productividad dentro del Estado.

Tecnología y ciudadanía más exigente

El postulante consideró que la irrupción de nuevas tecnologías cambiará profundamente la forma en que funcionan las instituciones públicas y, por lo tanto, también los mecanismos de control.

Agregó que Paraguay atraviesa un proceso de consolidación de una ciudadanía cada vez más crítica y exigente, que demanda mejores servicios públicos y resultados concretos de las instituciones.

Ante ese escenario, sostuvo que la elección del próximo contralor debe basarse en la preparación, la experiencia y la capacidad técnica de los candidatos, y no únicamente en su afiliación política.

“El debate se centra casi exclusivamente en el color partidario y deja de lado los méritos y la preparación de los postulantes”, cuestionó.

Defensa de la Auditoría Forense

Durante la audiencia, Villalba también respondió a los cuestionamientos dirigidos al trabajo de la Dirección de Auditoría Forense, dependencia que actualmente encabeza.

Explicó que esa unidad analiza las evidencias reunidas durante las auditorías para determinar si existen indicios de perjuicio patrimonial y, posteriormente, remite la información al Ministerio Público mediante la denominada notitia criminis, con el objetivo de facilitar el inicio de investigaciones penales.

Según indicó, el procedimiento vigente fue implementado hace más de dos décadas mediante un convenio de cooperación entre la Contraloría y el Ministerio Público, con apoyo del Gobierno de Estados Unidos a través de la entonces Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Siempre se puede mejorar”

El director de Auditoría Forense reconoció que el mecanismo puede perfeccionarse y aseguró que la institución ya trabaja en ajustes para facilitar la comprensión de los informes por parte de los fiscales.

No obstante, defendió el modelo actual y sostuvo que las críticas deben canalizarse mediante propuestas concretas y no utilizarse para desacreditar a las autoridades o a los postulantes al cargo.

Villalba afirmó que la Contraloría ha presentado denuncias por montos superiores a los registrados en administraciones anteriores, aunque lamentó que muchas investigaciones no hayan avanzado al ritmo esperado dentro del Ministerio Público.

Finalmente, reiteró que cualquier modificación al sistema de remisión de denuncias debe surgir del debate institucional y, eventualmente, de reformas legales, manteniendo como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar la eficiencia del control de los recursos públicos.

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