Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso.
Un comunicado oficial precisó que la denuncia por este caso fue presentada por la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
Castillo fue acusado de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio cuando era presidente, mientras que Alvarado y Chero, que fueron ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente, fueron acusados de cohecho pasivo propio.
La Fiscalía precisó que la acusación está vinculada con una supuesta solicitud de dinero que hizo Castillo a Alvarado para mantenerlo como ministro.
El este acusador señaló, además, que Chero también solicitó dinero a Alvarado para reemplazar al superintendente de los registros públicos, luego de que el entonces ministro de Vivienda solicitara esa medida a Castillo.
Castillo fue destituido por el Congreso y se encuentra en prisión desde el 7 de diciembre de 2022, luego de que anunciara en un mensaje televisado su intención de cerrar el Parlamento, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.
Actualmente, el exmandatario peruano entre 2021 y 2022 afronta un juicio oral por el delito de rebelión en el fallido intento de golpe de Estado, por el que la Fiscalía ha pedido que sea condenado a 34 años de cárcel.