"Desde el 2012, tanto la generación de empleo formal como los mayores aumentos salariales se han dado en el sector público, financiados con préstamos. Hemos hipotecado nuestra economía para financiar funcionarios e informales", dijo a EFE el experto en materia laboral, René Quevedo.
La tasa de desocupación en Panamá es del 9,5 % y la de informalidad es del 49,3 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) a octubre de 2024.
Citando los datos oficiales, Quevedo explica a EFE que "entre el 2004 y 2012, 4 de cada 5 nuevos empleos generados fueron asalariados del sector privado, pero entre el 2019 y 2024, 3 de cada 5 nuevos empleos que generó la economía fueron informales y 2 funcionarios, al tiempo que el ritmo anual de endeudamiento externo fue 10 veces superior al registrado".
Sólo entre agosto de 2023 y octubre de 2024 se perdieron 54.107 empleos formales no agrícolas, detalla el analista.
"Urge transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, ya que el Estado no puede ser el único generador de empleo formal, máxime con plata prestada", afirma.
Quevedo señala asimismo que para tener una "pensión digna" como reclaman los sindicatos en huelga en rechazo, entre otros, a una reforma a la seguridad social, "es preciso tener buenos empleos".
"El 60 % de los empleos que hoy tienen los jóvenes son informales y aquellos que obtienen empleos formales ganan 698,14 dólares mensuales, 35,87 dólares menos que el salario promedio en la economía (734,01 dólares). Estas cifras, perfectamente verificables, hacen matemáticamente imposible que los cuestionamientos (a la reforma del seguro social) y razón fundamental de las protestas, tengan algo que ver con las pensiones del sector no gubernamental", afirma.
Los sindicatos de izquierda rechazan la reforma a la seguridad social con el argumento de que empobrece las pensiones en comparación con el sistema derogado y abre la puerta a su privatización, lo que las autoridades niegan y resaltan que con el nuevo esquema se mantiene la edad de jubilación inalterada, se eleva la cuota patronal y el aporte del Estado, y se crea una pensión básica para no cotizantes.
Los sindicatos y una parte de la sociedad también rechazan que el Gobierno de José Raúl Mulino se plantee la posible reapertura de una mina inhabilitada en noviembre de 2023 al ser el contrato de concesión inconstitucional, cesando así una operación que se traducía en casi un 5 % del producto interno bruto (PIB), en 7.000 empleos directos y cerca de 40.000 indirectos, según las autoridades.
El subdirector de Empleo del Ministerio del Trabajo, Marlon del Cid, dijo este jueves a la cadena local TVN que "el mayor empleador del país es el sector privado", y que el Gobierno está "robusteciendo estrategias" para abatir "la tasa de desempleo del 9,5 % heredada" del anterior Administración de Laurentino Cortizo (2019-2024).
Una de esas estrategias es el reclutamiento focalizado "que en los primeros 5 meses del año han llevado 5.000 oportunidades de empleo a través de las intermediaciones que realizamos", aseveró el funcionario.
El Estado "no puede seguir siendo la fuente (de crecimiento del) empleo, teníamos una planilla abultada y tenemos que enfocarnos en llevar a estas personas al sector privado", agregó.