"Está claro que un país en paz, sin muertos, sin extorsión, sin sangre, sin cadáveres todos los días, sin madres llorando a sus hijos, no es rentable para las ONG de derechos humanos, ni para los medios globalistas, ni para las élites, ni para Soros", en referencia al magnate liberal húngaro-estadounidense George Soros.
El mandatario añadió que "su problema con El Salvador no es solo que les hizo perder su negocio acá, sino que se está convirtiendo en un ejemplo para los demás países: que sí se puede vencer el terrorismo, que sí se puede vivir en paz".
El mensaje de Bukele se da luego de que el medio El Faro publicara una entrevista con un líder pandillero que asegura que el Gobierno de Bukele "pactó" con estos grupos delictivos.
Según El Faro, durante algunos días de enero de este 2025, uno de sus equipo "se movió a diferentes ciudades para entrevistar a dos líderes pandilleros del Barrio 18 Revolucionarios que no solo pactaron durante años con el entorno político de Bukele, sino que escaparon del país con la complicidad de su Gobierno".
El medio afirma que "esta es la primera vez que líderes pandilleros, que también entraron encapuchados al penal de máxima seguridad a recibir instrucciones, revelan en video detalles de los acuerdos que permitieron el ascenso de Bukele al poder total".
El Faro publicó que esta situación se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Bukele y las pandillas, luego de un fin de semana en el que fueron asesinadas más de 80 personas a finales de marzo 2022.
Ni el presidente Bukele, ni otros funcionarios del Gobierno han reaccionado directamente a alguna de estas publicaciones.
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un permanente régimen de excepción con el que el Gobierno libra una "guerra" contra las pandillas.
La medida ha sido prorrogada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, en 38 ocasiones por períodos de 30 días.
Este régimen, que ha permitido la captura de más de 85.900 presuntos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por presuntamente violentar los derechos humanos.
Si bien la medida goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
Diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo "permanente -y no temporal- de control social".