La detención se realizó en el cantón (municipio) de Rumiñahui, situado al sur de Quito, por parte de unidades especializadas de la Policía que ejecutaron un operativo denominado 'Gran Fénix 132'.
El individuo, identificado como Esteves Nauris Aureliano y apodado como 'Mamahuevo', estaba buscando por el presunto delito de extorsión.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido ejercía como cabecilla de nivel medio dentro del grupo delictivo y se presume que tenía control sobre una extensa área en el Distrito Nueva Prosperina, uno de los más populares de la ciudad de Guayaquil, así como de mantener nexos con otras zonas del país.
El coronel Holger Cortéz, comandante de la Policía de Quito, señaló en rueda de prensa que el detenido registra antecedentes por robo a mano armada y extorsión, mientras que en la ciudad de Guayaquil está acusado de secuestro.
Cortéz indicó que las investigaciones apuntan a que desde hacía nueve meses el detenido se encontraba en los alrededores de Quito, bajo la fachada de trabajador de servicios tecnológicos.
Las investigaciones continuarán hasta saber si el presunto delincuente estaría operando bajo la misma modalidad en Quito y Sangolquí, añadió la autoridad policial.
Los Tiguerones son una de las bandas criminales a las que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, les declaró la "guerra" desde 2024, para contrarrestar la escalada de violencia que ha situado a Ecuador a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, tendencia que, pese al estado de "conflicto armado interno" decretado, se ha recrudecido en 2025 con un promedio de un asesinato por hora.
Entre las acciones criminales atribuidas a Los Tiguerones está el asalto al canal TC Televisión a inicios de 2024, por parte de un grupo de al menos trece hombres armados que terminaron detenidos.
El máximo líder de Los Tiguerones, William Alcívar ('Comandante Willy') fue detenido en octubre de 2024 en Cataluña (España) y recientemente la Justicia española aprobó que sea extraditado a Ecuador con la condición de que en tres meses las autoridades ecuatorianas aporten "garantías suficientes" de haber adoptado medidas para garantizar la integridad de los presos recluidos en sus cárceles y de "que la situación de las prisiones se haya normalizado".