El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la principal cúpula patronal de Honduras, señaló en un comunicado que estas acciones están provocando graves consecuencias para la economía nacional.
Las interrupciones en la circulación han afectado las cadenas de suministro, generando pérdidas millonarias en la producción y exportaciones, y causando “impactos negativos” en el empleo y la estabilidad económica de miles de familias hondureñas, enfatizó.
“Bloquear las vías de comunicación no solo limita el derecho al trabajo de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo el clima de inversión, obstaculiza la actividad empresarial y deteriora aún más la frágil economía”, señaló la entidad.
Destacó además que Honduras “no puede darse el lujo de detener su aparato productivo, en medio de los grandes desafíos que ya enfrenta en materia de empleo, seguridad y desarrollo".
El caso de la presunta estafa cobró relevancia esta semana tras la captura de Iván Velásquez, señalado como administrador de la entidad financiera investigada.
Los manifestantes aseguran haber sido víctimas de un fraude millonario presentado como una oportunidad de inversión rentable, lo que ha generado creciente tensión social y un clamor generalizado por justicia y respuestas inmediatas de las autoridades.
Aunque el Cohep reiteró su respeto al derecho a la manifestación pacífica, condenó “enérgicamente” cualquier acción que vulnere los derechos de terceros o afecte el bien común.
Además, instó a las autoridades a actuar con “responsabilidad, diálogo y firmeza para garantizar el orden público, el respeto al Estado de Derecho y la protección de la economía”.
El sector privado también hizo un llamado a todos los sectores sociales a buscar soluciones por medio del diálogo, con el fin de evitar mayores niveles de pobreza, desempleo e incertidumbre en el país.