"Los comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra de toma de rehenes y crímenes cometidos contra las personas secuestradas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y violencia sexual, y desplazamiento forzado", expresó la JEP en un comunicado.
Los imputados son Erasmo Traslaviña Benavides, (alias 'Jimmy Guerrero'), Pedro Trujillo Hernández (alias 'Alberto Cancharina'), Jairo Reinaldo Cala Suárez (alias 'Jairo Quintero' o 'Jairo Mechas') y Fabio Gil Forero ('Norbey Narváez'), quienes deberán responder por delitos como toma de rehenes, homicidio, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentados contra la dignidad personal y desplazamiento forzado.
El Bloque Magdalena Medio fue una de las estructuras más importantes y temidas de las extintas FARC que operó en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar, donde financiaban sus actividades a través de extorsiones, secuestros y el control territorial y social.
"Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial", subrayó la JEP, que destacó el daño diferenciado que sufrieron muchas de las víctimas, incluyendo violencia de género y afectaciones prolongadas a la salud física y mental.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Secuestros individuales y colectivos
El tribunal también documentó que este grupo ejecutó "decenas de secuestros individuales y colectivos" sin comprobar que las familias pudiesen pagar lo que pedían.
Uno de los casos de los que "reconocieron ser responsables" es el del secuestro de la hija del propietario de la empresa lechera Algarra, el 20 de septiembre del 2000, quien sufrió de un "paseo millonario" en Bogotá, una modalidad común de atraco.
Hasta la fecha, el Caso 01 de la JEP, que investiga los secuestros de la antigua guerrilla, ha acreditado 4.213 víctimas de secuestro por parte de las FARC-EP. De ellas, 189 señalan específicamente al Bloque Magdalena Medio.
Los comparecientes tienen ahora 30 días hábiles para aceptar o rechazar los hechos imputados, y las víctimas podrán presentar sus observaciones.
En caso de reconocimiento, se celebrará una audiencia pública para que asuman su responsabilidad ante la justicia y el país y de lo contrario, el caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.