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Niegan a abogado visitar a un defensor y a un líder comunitario detenidos en El Salvador

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
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San Salvador, 21 may (EFE).- El abogado Oswaldo Feussier lamentó este miércoles no tener acceso al joven defensor de derechos ambientales Alejandro Henríquez y al líder comunitario José Ángel Pérez, detenidos la semana pasada en El Salvador tras solicitar ayuda al presidente Nayib Bukele para detener el desalojo de unas 300 familias, residentes en una zona rural.

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"Este día hemos intentado tener acercamiento con ellos para lo que es la preparación de la defensa" que "entendemos es un derecho fundamental y una garantía vertebral del debido proceso poder platicar con los representados y saber con qué elementos ellos nos puedan ayudar para contribuir con su defensa", dijo Feussier, tras lo cual explicó que su visita no le fue permitida.

Dijo que en el lugar donde se encuentran detenidos Henríquez y Pérez le manifestaron que "no se permite el acceso a visita profesional" y que podrá ver a sus representados "hasta la propia audiencia inicial", la cual no sabe cuándo será dado que no se ha presentado el requerimiento contra los arrestados.

"Es lamentable porque lo único que queremos es cumplir nuestra obligación profesional de proveer la mejor defensa posible, y parte de ello es poder acercarnos y platicar con nuestros representados", indicó.

Feussier añadió que a Henríquez -también abogado- y a Pérez les atribuyen los delitos de desórdenes públicos y desobediencia.

Un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de un exclusiva residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales.

Diversas organizaciones denunciaron el día 13 la captura de Henríquez y de Pérez tras participar en la concentración del lunes, según las ONG.

Según trascendió el pasado viernes en medios locales, un juzgado salvadoreño ha dejado sin efecto el desalojo de las 300 familias, programado para el 22 de mayo, por lo que no se estaría ejecutando.

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