"Fiscalía llegó sin el expediente en físico y además, en su intervención, reconoció que hay por lo menos 100 cuerpos, es decir, estamos hablando de alrededor de 10.000 páginas que todavía no se han foliado e incorporado al expediente y obviamente no se han notificado y puesto en conocimiento de las partes", explicó a EFE Ramiro García, abogado del alcalde Alvarez.
Eso provocó que el juez Renán Andrade suspendiera la diligencia en la que se iba a escuchar la acusación de la Fiscalía hasta que el fiscal del caso, Carlos Alarcón, incluya toda la información faltante y notifique a las defensas de los procesados, entre los que, además de Alvarez, están 15 personas más y seis empresas.
La investigación de Fiscalía, denominada como caso 'Triple A', nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno del presidente Daniel Noboa, a quien el alcalde de Guayaquil acusó de estar detrás de todo, pues dijo meses atrás ser "el único en el país" que "se le planta".
Esta agencia reportó irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado, lo que le habría causado un perjuicio, al supuestamente haber sido comercializados en países vecinos a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
Tras la denuncia del Gobierno, la Fiscalía allanó varias oficinas de estaciones de servicios pertenecientes a la compañía Copedesa, de Alvarez y su familia, ante la sospecha de un desbalance entre el combustible adquirido y el efectivamente administrado en sus surtidores.
Meses después, el Ministerio Público procesó a cinco personas y a cinco empresas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
Alvarez, que fue elegido alcalde de Guayaquil en 2023 por el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró en febrero que el Ministerio Público no tenía elementos para incluirlo en el proceso.
Sin embargo, el fiscal Alarcón pidió su vinculación en el caso y un juez le prohibió salir del país y ordenó que el alcalde se presente dos veces por semana ante la Fiscalía y que use un grillete electrónico, algo a lo que Alvarez se ha negado alegando problemas de salud.
En esta audiencia que se suspendió, el abogado del alcalde también iba a pedir la revisión de esa medida, al considerarla "estigmatizante" y con un "claro tufo político", por lo que ahora solicitará una nueva fecha en la que se pueda analizar este tema.
"Consideramos que (el uso del dispositivo electrónico) es totalmente ilegítimo, totalmente desproporcionado y fuera de los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en materia de privación de la libertad personal", agregó García.
Según el defensor, en el expediente "no existe ninguna evidencia sólida en contra del alcalde", por eso, agregó, decidió asumir la defensa de la autoridad en este caso, pese a "ser crítico del correísmo".