La subasta está prevista para el próximo 17 de junio y se trata de bloques petroleros que o no despertaron interés en pujas realizadas en 2013 y 2014 o no obtuvieron licencia de operación.
Según la entidad, ampliar la frontera de exploración petrolera en Brasil, especialmente en esa región de la Amazonía, representa "una grave contradicción con los esfuerzos globales de descarbonización y con los compromisos climáticos del país", que se prepara para albergar cumbre climática de las Naciones Unidas (COP 30).
En la recomendación, enviada este lunes a la ANP, la Procuraduría fijó un plazo de 72 horas para que el ente regulador comunique las medidas adoptadas.
Aunque no se trata de una medida obligatoria, su incumplimiento puede ocasionar la adopción de "acciones civiles y penales, contra los agentes públicos responsables", apunta la fiscalía.
De acuerdo con lo señalado por el MPF, en las subastas realizadas hace más de una década, solo 14 bloques fueron concedidos, pero ninguno de ellos obtuvo licencia de operación, por la dificultad de las empresas para demostrar su capacidad de respuesta a una emergencias por derrames de crudo.
Asimismo, el MPF enfatiza la necesidad de realizar consultas previas con las poblaciones indígenas y comunidades tradicionales de la región y señala como "una falla grave", que este tipo de consultas no estén previstas en los contratos de licitación de la ANP señalando que, incluso, tendrían que darse antes de la misma subasta.
La recomendación del Ministerio Público se da tras la polémica que ha suscitado el apoyo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a los planes de la petrolera estatal Petrobras de explorar el potencial petrolero en aguas profundas de la cuenca marina de la Desembocadura del Amazonas, en esta misma región.
Petrobras está a la espera de una licencia del Ibama, la principal autoridad ambiental de Brasil, para iniciar operaciones en la zona, que según la empresa tiene un alto potencial petrolífero.
La exploración de petróleo en esta región es vista con preocupación por ONG ecologistas y algunos miembros del Gobierno, por el impacto que podría tener un derrame en la zona, considerada de "extrema sensibilidad socioambiental", pues alberga pueblos indígenas y una rica fauna y flora, con manglares, arrecifes de coral y especies en peligro, como el delfín gris y el manatí.