Los jueces también impusieron al condenado una multa de 626.000 dólares y se le ordenó pagar 30.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima.
El crimen ocurrió el 18 de abril del año pasado, cuando la víctima recibió cuatro impactos de bala por parte hombres armados mientras se encontraba en el interior de su vehículo, en un suburbio de Guayaquil. El ataque armado fue registrado en las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad.
Según versiones de testigos, los autores del asesinato huyeron del lugar en una motocicleta y en un taxi y, mediante el seguimiento de las cámaras, la Policía pudo capturar en otro sector de la ciudad a Julio Franklin B. P., quien conducía el automóvil.
El hombre fue procesado en flagrancia por el asesinato del empresario y un juez le dictó prisión preventiva, mientras que el vehículo y otras evidencias quedaron en manos de la Policía Judicial.
Durante el juicio, el fiscal del caso presentó como pruebas diecisiete testimonios de policías e investigadores, peritos médicos forenses, responsables de la cadena de custodia, testigos presenciales, entre otros.
Además, presentó la autopsia y pericias de audio y video, que, según el Ministerio Público, "demostraron la participación y responsabilidad penal del procesado".
El presidente Daniel Noboa declaró en 2024 el estado de "conflicto armado interno" para combatir a las bandas criminales del país, principales causantes del aumento de la violencia que llevó al país a posicionarse a la cabeza en el índice de homicidios regional en 2023.
Y aunque esa cifra disminuyó en 2024, en lo que va del año la violencia volvió a registrar cifras sin precedentes, al contabilizar un asesinato por hora a nivel nacional.