Este periodo, establecido por ley, tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía un espacio libre de propaganda política para reflexionar sobre su voto.
Las reglas electorales disponen que durante estos días toda difusión de actos públicos de campaña, propaganda o proselitismo, así como la publicación de encuestas sobre preferencias electorales estarán prohibidas.
En esta elección extraordinaria se elegirán nueve magistrados o magistradas de la SCJN, dos magistraturas de la Sala Superior y 15 de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito y 1.800 cargos en los poderes judiciales locales.
Desde el 30 de marzo, 7.773 candidaturas llevaron a cabo campañas en todo el país y este miércoles fue el último día permitido para actividades proselitistas.
Para facilitar el acceso a la información, el Instituto Nacional Electoral (INE) recordó la plataforma 'Conóceles, Practica y Ubica', donde la ciudadanía puede consultar los perfiles de candidaturas, practicar el voto y conocer la ubicación de casillas.
"La veda electoral tiene como finalidad permitir que la ciudadanía tenga un espacio de reflexión previo y durante el día de la Jornada Electoral, para favorecer un voto libre e informado”, indicó el INE.
Además, se declaró listo para asumir el reto de la organización de las primeras elecciones del Poder Judicial, al tiempo que reiteró su llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo domingo.
Se trata de la primera ocasión en la que integrantes del máximo tribunal del país y otros cargos relevantes del Poder Judicial serán elegidos por voto popular, lo cual representa un giro histórico en la configuración de la justicia en México y plantea retos inéditos en términos de transparencia, participación ciudadana e independencia judicial.
Especialistas y observadores nacionales e internacionales han mostrado atención a este proceso, por su potencial impacto en la arquitectura institucional del país y la forma en que se administra justicia a nivel federal y local.