El comité considera que "existieron indicios razonables de tortura, que no han sido disipados por el Estado" español, asegura la ONG vasca Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio de los Derechos Humanos) en un comunicado publicado este viernes.
Entiende también el comité de la ONU, según la ONG, que la falta de indagaciones de los malos tratos denunciados es incompatible con la obligación de una pronta investigación prevista en el artículo 12 de la a Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por los Estados.
Así, el comité de la ONU censura que "las autoridades archivaron la denuncia (...) sobre la tortura y malos tratos por la prescripción del delito de tortura".
A su juicio, este hecho vulnera el artículo 14 de la Convención, que establece el derecho a garantizar la reparación a la víctima de tortura.
"El CAT ha entrado a valorar una cuestión crucial, la imprescriptibilidad de la tortura. Efectivamente, en base a la legislación internacional, no se podrían alegar los plazos legales de prescripción por los efectos permanentes que la tortura deja en la persona", según el observatorio.
La ONG, que cita otros casos, asegura que "no es la primera vez que este alto comité tira de las orejas a España por no investigar torturas en un caso concreto de detención incomunicada".