La Conaie, promotora de los estallidos sociales acontecidos en Ecuador en 2019 y 2022 contra los gobiernos de los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021-2023), respectivamente, exigió "el cese inmediato de la violencia" y el respeto "de manera irrestricta a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas".
"Condenamos los hechos reportados como la persecución a líderes y autoridades indígenas, el uso de gases lacrimógenos y armas de fuego contra manifestantes, detenciones ilegales, violencia contra mujeres y niños, militarización de comunidades y criminalización de quienes ejercen liderazgo desde la legitimidad de sus pueblos", señaló la Conaie en un comunicado publicado en redes sociales.
La organización que lidera el excandidato presidencial Leonidas Iza se sumó a las denuncias del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI) al señalar que "esta ofensiva se ha dirigido especialmente contra las comunidades indígenas que se han sumado a las luchas del pueblo panameño en defensa del territorio, en oposición a leyes que promueven la minería y que vulneran los derechos colectivos de los pueblos".
En concreto, la Conaie mencionó en su comunicado "el reciente ataque al local del Congreso Guna de Madungandi el pasado 31 de mayo".
"Su lucha también es la nuestra", aseveró la Confederación, que agrupa a los catorce pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en el territorio ecuatoriano.
"Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que se pronuncien y actúen ante esta grave situación", incidió la Conaie.
Los indígenas se han sumado a las protestas que desde hace más de un mes se registran de manera irregular en Panamá contra varias iniciativas del Gobierno de Mulino, pero en especial una polémica ley para reformar la Seguridad Social, sumida en una grave crisis financiera desde hace años.
Al menos cinco líderes indígenas se entregaron el jueves a las autoridades panameñas, después de que la Fiscalía emitiera una orden de captura por un altercado la semana pasada con la Policía en medio de una protesta, donde una uniformada fue secuestrada momentáneamente.
El suceso por el cual eran buscados ocurrió el pasado 20 de mayo en una de las localidades indígenas de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia pero cercana a la carretera Panamericana, durante una violenta protesta contra la ley que reforma la Seguridad Social.
En medio de la manifestación, una integrante del Senafront (Servicio Nacional de Fronteras), una mujer de la misma etnia indígena que los manifestantes, fue encerrada momentáneamente en un inmueble. Según videos difundidos entonces, un encapuchado empuja y presiona sobre el cuello a la agente hasta llevarla a un cuarto mientras otros indígenas gritan y la señalan.