Los abogados se presentaron a la sede del Supremo, en San Salvador, para presentar "con urgencia" un recursos de habeas.
La letrada Marcela Ramos explicó a un grupo de periodistas que el martes "Enrique fue víctima de una desaparición forzada de corto plazo", ya que sin que se le comunicara a él y a ellos como defensa, según dijo, fue trasladado "en circunstancias irregulares" a un hospital nacional.
"A él se le sacó del centro de detención sin decirle a dónde iba. Personas vestidas de civil lo llegaron a traer, él pregunto para dónde iba y no le dieron información", relató e indicó que Anaya fue trasladado a un hospital donde "le hicieron un par de pruebas" pero que "estuvo (allí) desde las 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche y nadie sabía dónde estaba".
"Esta es una nueva conducta que refuerza la ilegalidad y la arbitrariedad de la detención en la que se mantiene Enrique Anaya", dijo.
Denunció que al abogado Anaya se le ha aplicado el régimen de excepción contra las pandillas, a pesar de que el supuesto ilícito por el que se le acusa es un delito común.
La Constitución salvadoreña establece un plazo máximo de 72 horas de detención administrativa, pero con el régimen de excepción se amplía dicho plazo a 15 días.
"Enrique lleva más de las 72 horas de la detención administrativa y no hemos tenido mayor noticia, tampoco hemos tenido acceso a información sobre los hechos sobre la base de los cuales se le imputa el delito", agregó Ramos.
Anaya es un fuerte crítico del Ejecutivo del presidente Bukele, enfocado principalmente en aspectos jurídicos y que en las últimas semanas denunció desde redes sociales las que considera irregularidades en el proceso penal que enfrenta la abogada anticorrupción Ruth López, detenida el 18 de mayo y procesada por enriquecimiento ilícito.
"Cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional: ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", dice la última publicación de Anaya en X.
Esto fue en referencia a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el 6 de junio, en el que el organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó su preocupación por las "detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos".