El fiscal Fermín Segovia encabezó la intervención realizada por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en un asentamiento denominado Nueva Esperanza, donde se procedió a la destrucción de 3,5 hectáreas de marihuana en etapa de crecimiento y se incautaron 200 kilos de la droga ya procesada.

Según cálculos citados en un comunicado del Ministerio Público, el valor de reventa de esa droga en el mercado brasileño asciende a 1,5 millones de dólares.

Las fuerzas de seguridad también destruyeron un campamento precario usado como centro de almacenamiento de droga en la misma zona.

El Ministerio Público ratificó en el comunicado que "mantiene su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico" en las operaciones dirigidas contra los "eslabones de producción y distribución de drogas".

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