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Antichavista cercano a Machado pide a la justicia "actuar ya" por detenido hace cinco años

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
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Caracas, 20 jun (EFE).- Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por María Corina Machado- pidió este viernes a la justicia "actuar ya" en favor del trabajador petrolero Darío Estrada, quien fue detenido en 2020, y considera es uno de los presos políticos del país.

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A través de X, Moreno indicó que Estrada, ingeniero petrolero de 44 años, "fue secuestrado la madrugada del 24 de diciembre de 2020 por las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) en Barquisimeto", estado Lara (noroeste).

"Después de ser desaparecido forzosamente por un mes, fue trasladado a La Quebradita y finalmente a La Yaguara (Caracas), donde permanece injustamente recluido", aseguró el coordinador nacional del Comité.

Según Moreno, Estrada fue acusado de terrorismo "sin pruebas y condenado a 30 años de prisión", pero, agregó, su "único delito ha sido alzar su voz como opositor en redes sociales".

"Su caso es un claro ejemplo del patrón de persecución y criminalización que el régimen de (Nicolás) Maduro ejerce contra quienes piensan diferente, instrumentalizando la justicia para silenciar la disidencia", manifestó el opositor.

Amnistía Internacional (AI) consideró a Estrada -acusado de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento en enero de 2021- como uno de los "casos emblemáticos" de arrestados en Venezuela.

En julio de 2024, AI compartió un llamado de 36.324 activistas en 119 países que firmaron una petición por la liberación de todas las personas "detenidas injustamente" en Venezuela, incluyendo a Estrada.

Ante esto, Moreno exigió la libertad del ingeniero petrolero así como la de todos los presos políticos, que son 932, según la ONG Foro Penal, de los cuales 837 son hombres y 95 mujeres.

Sin embargo, tanto Maduro como el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

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